En los últimos días hemos asistido a un preocupante giro en el debate político en España, especialmente tras los acuerdos alcanzados entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. La introducción del concepto de prioridad nacional no es una simple etiqueta: es un cambio profundo en la manera de entender los derechos, la ciudadanía y la convivencia.
Bajo expresiones aparentemente neutras –los de aquí primero, preferencia nacional– se plantea en realidad un modelo en el que el acceso a derechos puede depender del origen de las personas. Son frases que estigmatizan, marcan y rechazan al inmigrante y eso nos interpela directamente como sociedad. Porque establecer quién merece más y quién merece menos abre una grieta que debilita el contrato social que nos sostiene a todos.
Aunque algunos intentan suavizar el término, la realidad es que estas políticas tienden a favorecer a los ciudadanos españoles frente a las personas migrantes. Y eso tiene un nombre claro en cualquier democracia: discriminación.
No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de principios democráticos. Porque señalar a un colectivo como menos merecedor abre la puerta a una lógica de exclusión que nunca se detiene en un único grupo.
Frente a ese modelo, Navarra representa otra forma de hacer política. Bajo el Gobierno de María Chivite, nuestra comunidad ha demostrado que la cohesión social no se construye enfrentando a unos contra otros, sino garantizando derechos y oportunidades para todos. Aquí sabemos que la integración no es una amenaza, sino una fortaleza: nuestras empresas, nuestros servicios públicos y nuestro mundo rural dependen, en gran medida, del trabajo y el compromiso de personas que llegaron de fuera y que hoy forman parte de nuestro nosotros.
Navarra ha experimentado un crecimiento sostenido de su población de origen extranjero. Según los datos del Instituto de Estadística de Navarra, en torno al 20% de la población residente tiene origen migrante. Son vecinas y vecinos que contribuyen cada día al bienestar común y al crecimiento económico. Y negar esa realidad o situarla bajo sospecha no solo es injusto, sino que es profundamente irresponsable.
Porque, ¿qué significa realmente pertenecer? ¿Un documento? ¿Un lugar de nacimiento? ¿O la voluntad de contribuir, convivir y compartir un proyecto común? En Navarra tenemos claro que la pertenencia se construye día a día, desde el respeto y la igualdad.
Por eso rechazamos de forma rotunda discursos que simplifican la realidad y convierten la diversidad en un problema. Este tipo de planteamientos no solo polarizan, sino que generan inseguridad y erosionan la convivencia.
Decía Nelson Mandela que “nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión”. Esa verdad sencilla encierra una responsabilidad política enorme: la de no alimentar el miedo ni el rechazo, sino de construir sociedades más justas.
Navarra no necesita prioridad nacional. Necesita y así lo seguirá defendiendo, una prioridad social: políticas públicas basadas en la equidad, la inclusión y la dignidad de todas las personas.
Porque en una democracia sólida, los derechos no se clasifican por origen. Se garantizan. Y se defienden.
El autor es secretaria de Migrantes de la CER PSN-PSOE
