pamplona - Las representaciones procesales del excapitán de Osasuna, Patxi Puñal, del expresidente de la gestora, Javier Zabaleta, y del que fuera contable del club, Tomás López, han sido los primeros en remitir al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, que se encarga de investigar el caso Osasuna, su posicionamiento sobre la posibilidad de que el club rojillo pase en la causa judicial de ejercer la acusación particular a ser imputado en el procedimiento. La imputación implicaría responsabilidad de la entidad navarra en la comisión de un delito como el que se investiga de corrupción entre particulares. Los tres imputados que han remitido su escrito entienden que Osasuna debe ejercer como acusador y no defenderse como imputado.

Así, el letrado de Puñal, Javier Sarasa, ha presentado un extenso escrito en el que se opone a la imputación y para ello recuerda el artículo 31.Bis 1 del Código Penal vigente al tiempo que ocurrieron los hechos, donde se dice que en los delitos como los que se instruyen aquí “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la misma, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho”. Hay que tener en cuenta que esta acepción cambió con la reforma penal de junio y, en lugar de “en su provecho”, introduce el matiz “en beneficio directo o indirecto”, pero esta legislación no cabría para este caso por ser posterior y más perjudicial al momento en el que ocurren los hechos.

El abogado de Puñal argumenta que Osasuna “no ha obtenido provecho alguno del hipotético delito que pudiera haber sido cometido en su nombre y por su cuenta, por aquél que actuando individualmente y aprovechando el control efectivo que tenía de la entidad por sus funciones gerenciales, ejecutó la hipotética oferta económica (desconociéndose si seguida de aceptación) para alterar el resultado del Osasuna-Betis de la última jornada”. Según el letrado, “que la persona física (Vizcay) que ejecuta la acción crea actuar en su fuero interno en provecho de la persona jurídica (Osasuna) no puede ni debe ser suficiente para, sin solución de continuidad, transferir directamente el reproche penal a la corporación en cuyo provecho cree actuar”. Por ello, concluye que “Osasuna no obtuvo provecho alguno (entendido tal como la permanencia en Primera) por razón, precisamente, de la dependencia principal, externa y ajena del resultado de otros partidos de la misma jornada. Si el provecho hubiera dependido única y exclusivamente del resultado del Osasuna-Betis resulta evidente que la oferta (seguida o no de aceptación) hubiera reportado un provecho; pero no siendo así se revela meramente hipotético o conjeturable”.

López: “seguir como acusación” Por su parte, el abogado Santi Iribarren, que representa a Tomás López, refiere sobre la posición procesal que a su juicio debe ostentar Osasuna en la pieza principal que se investiga que “ha de continuar como acusación particular. Ello en base a que la denuncia y la declaración que dio origen al procedimiento en cuanto a la existencia de un delito de corrupción entre particulares no determinó su imputación inicial en estos autos. Tras las diligencias practicadas consideramos que no se ha aportado evidencia alguna más solida que el testimonio del señor Vizcay”.

zabaleta: “causa indefensión” En la misma línea, el letrado Sergio Gómez Salvador, que representa al expresidente de la junta gestora, Javier Zabaleta, expone en su escrito que “no se dan los requisitos exigidos en el artículo 31 bis del Código Penal a los efectos de la imputación de Osasuna como persona jurídica, en relación al momento investigado en las presentes diligencias. Además, la imputación tardía del club, a la vista de que los hechos son los mismos y que no han variado, causaría indefensión a la misma, restringiendo indebidamente su derecho de defensa”.

LA SEMANA QUE VIENE El resto de partes personadas en el procedimiento tienen de plazo hasta la semana que viene para posicionarse sobre la imputación o no de Osasuna en el caso de los amaños de partidos que, ahora mismo, congrega a 27 imputados. La Fiscalía ejerce la acusación pública y, por el momento, tanto la Liga de Fútbol Profesional como Osasuna, actúa como acusación particular. Hay que recordar que Osasuna denunció en febrero una presunta apropiación indebida del club.