El 'caso Castellnou', que investiga el posible desfalco de la directiva del Castellón hace una década, ha concluido la fase de declaraciones. Tras ello, el caso queda a la espera de la decisión de la jueza instructora para ver si solicita nuevas diligencias, decide avanzar en el proceso o desestima la demanda presentada por la asociación de pequeños accionistas, según recoge el medio Castellón Plaza.

La última declaración la ha protagonizado este jueves Francisco Canal Fidalgo. El empresario y director general rojillo solo ha contestado a preguntas de su abogado actual, Miguel Ezcurdia, que ha sustituido a Federico Olucha y que ha defendido los intereses de Osasuna en algunas ocasiones como el famoso 'caso Osasuna'.

Canal ha señalado, según recoge el mencionado rotativo, que "en 2009 era administrador de una empresa dedicada a obras de entidades financieras paralizadas. Trabajaban principalmente para Caixa Penedés en Cataluña y Castellón; y también para Banco Gallego. En su declaración señaló que su empresa hizo pequeños trabajos en la Ciudad Deportiva del club albinegro por 18.000 euros y en el estadio Castalia por 34.000 y a la conclusión de las obras desde el club le dijeron que no había dinero y le dieron un pagaré para septiembre de 29.000 euros y otro con el resto de la deuda con vencimiento en octubre".

Esta ha sido la última de las declaraciones en esta fase inicial de la demanda presentada en julio de 2012 y admitida a trámite el 31 de octubre del mismo año. Un proceso que se ha prolongado hasta este mismo jueves en el que las fianzas suman 30 millones de euros y la pericial contable asegura que el expolio demostrado al Castellón fue de seis millones de euros.

Ahora queda pendiente la decisión de la jueza sobre si dicta si hay juicio oral y contra quien, con lo que concluiría la fase de instrucción. Aunque antes se deben resolver algunos asuntos, ya que José Manuel García Osuna ha recurrido varias cuestiones a la Audiencia Provincial y está pendiente el recorrido de dichos recursos.

En la asociación de pequeños accionistas confían en que en el presente año pueda cerrarse esta fase de instrucción y en el mejor de los casos que el dinero expoliado pueda retornar, todo o en parte, al Castellón, aunque fuera una década después de la admisión a trámite de dicha demanda.