La defensa de los investigados duda de los costes reclamados por la Administración

Pamplona. La defensa de los 22 investigados por la okupación del Palacio del Marqués de Rozalejo de Pamplona en 2017 ha puesto en duda durante el juicio celebrado este jueves los gastos reclamados por la Administración por daños y horas de trabajo tras su desalojo, que ascienden a 34.168 euros.

A juicio de una de las abogadas de la defensa, estos costes son excesivos y existe falta de justificación en el informe realizado por el Gobierno de Navarra, ya que, ha asegurado, existen contradicciones en las mediciones de los elementos donde se habrían hecho estas obras.

Tras analizar estas mediciones, el arquitecto encargado de realizar el informe y dirigir los trabajos ha reconocido que podría tratarse de un error a la hora de reflejar las medidas.

Otro de los aspectos criticados por la defensa ha sido el precio establecido por las labores de rehabilitación, ya que estos "superan los marcados por el convenio de la construcción".

En este sentido, un técnico aparejador ha señalado que este convenio marca precios mínimos, pero estos pueden ser mayores dependiendo de la negociación con la constructora.

El aparejador ha afirmado que la capacidad de negociación en este caso fue escasa debido a la urgencia de la obra, ya que le se pidió a la empresa que acudiesen ese mismo día para cerrar los accesos.

En lo referente al IVA, que desde la defensa han considerado que debería ser del 10 % por tratarse de un edificio catalogado como vivienda, ha dicho que aplicaron el 21 % al no considerar que ese sea su uso.

Respecto a la instalación eléctrica y de agua del edificio que se encontró tras la ocupación, un técnico del Servicio de Patrimonio ha informado de que existían conexiones de ambos suministros y que en el caso de la luz era ilegal.