Las VPO de Maristas, de nuevo paralizadas

Sin embargo, un numeroso grupo de adjudicatarios de estas viviendas protegidas, procedentes del censo público de vivienda del Gobierno de Navarra, han denunciado este martes en un comunicado “una situación injusta que, lamentablemente, se repite. Una vez más, nos vemos en una posición de indefensión y con el proyecto paralizado, esta vez por la exigencia de firmar un afianzamiento individual del préstamo promotor”, lamentan. Las VPO de Maristas, de nuevo paralizadas.

Estos adjudicatarios denuncian que esa exigencia implica “avalar, con nuestro patrimonio presente y futuro, la parte proporcional del préstamo necesario para construir nuestras viviendas. Si el proyecto no sale adelante, perderíamos no solo la casa, sino que podríamos arrastrar una deuda de por vida, sin haber accedido a uno de los derechos humanos más básicos: una vivienda digna, como establece el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Tiene sentido que, en una promoción de vivienda protegida, el riesgo financiero recaiga sobre las propias familias adjudicatarias? ¿No debería ser responsabilidad de quien promueve y gestiona el proyecto?”, se preguntan.

Una carga que “no nos corresponde asumir”

Las familias recuerdan que ya han adelantado “alrededor del 20% del valor de nuestras viviendas. Ahora, además, se nos traslada un riesgo financiero que no nos corresponde asumir, en una situación en la que ni siquiera tenemos garantías básicas sobre precios finales, plazos, ni control efectivo sobre las decisiones”.

“Un alto porcentaje de adjudicatarios expresamos nuestro rechazo a este modelo de gestión, profundamente desequilibrado y carente de transparencia. Sabemos que nuestras demandas pueden incomodar a quienes dirigen la promoción, pero cualquier opinión que no implique agachar la cabeza y aceptar sus condiciones se castiga automáticamente con un ‘si no estás de acuerdo, te bajas del barco’. Así funciona la lógica impuesta por Grupo Arrasate-Ekogi, que lleva tiempo presentando a quienes cuestionamos esta situación como los culpables del bloqueo, incluso frente a las familias de vivienda libre o a cualquier interlocutor institucional”, aseguran.

“Pero la realidad es muy distinta: desde el inicio ha sido Grupo Arrasate-Ekogi quien ha generado esta situación insostenible. Ha acumulado decisiones polémicas, ha presentado presupuestos inflados, ha ocultado información relevante y ha ejercido una gestión autoritaria, muy alejada del modelo cooperativo transparente y democrático que debería regir en una promoción protegida. Ahora pretende, además, que seamos los cooperativistas quienes avalemos con nuestro patrimonio su falta de previsión y su debilidad financiera. ¿De verdad este es el modelo que las instituciones están dispuestas a respaldar?”.

¿Y si no se construyen las VPO?

En este escenario “incierto”, los adjudicatarios se preguntan “¿cuál sería la penalización por no construir las VPO? Y más importante aún: ¿quién cargaría con esa sanción? Porque si esa penalización no es elevada, puede que les compense no construir las viviendas protegidas, al haber asegurado ya sus beneficios con la parte libre. Y, como siempre, seríamos nosotros quienes pagaríamos las consecuencias: las más de 100 familias adjudicatarias que quedaríamos fuera del sistema y con una deuda imposible de asumir”, denuncian.

Además, argumentan que “la forma en que se ha comunicado esta exigencia del afianzamiento resulta profundamente reveladora. Grupo Arrasate-Ekogi conocía desde hace meses que esta cláusula iba a ser impuesta, pero nunca lo comunicó abiertamente. La mayoría de las familias lo hemos descubierto casi por accidente, al final de un correo electrónico, mencionado de manera ambigua, sin ningún proceso informativo previo ni explicación detallada. ¿Es esto lo que se espera de una gestión responsable, transparente y comprometida con las familias?”.

Llamamiento a las entidades bancarias e instituciones

Frente a esta situación, los adjudicatarios reclaman “con urgencia” que las entidades bancarias “reconozcan la naturaleza pública y social de este proyecto, y ofrezcan financiación sin exigir avales individuales, como corresponde a una promoción de vivienda protegida respaldada por la administración. Las familias adjudicatarias ya hemos superado un análisis de solvencia, lo que demuestra nuestro compromiso y capacidad de pago. ¿No debería ser esto suficiente garantía para unas entidades que, además, están financiando un proyecto con respaldo público?”.

De igual modo, hacen un llamamiento institucional, tanto a Ayuntamiento de Pamplona como al Gobierno de Navarra, para que “condicionen la votación sobre la desvinculación de las licencias de vivienda libre y protegida, prevista para el pleno del mes de junio, al cumplimiento de dos condiciones mínimas e irrenunciables: que sea Grupo Arrasate-Ekogi, como promotora, quien firme el afianzamiento del préstamo promotor en caso de finalmente tener que firmarse; Que se establezca un límite legal y efectivo a los sobrecostes, conforme a lo establecido por la Ley Foral de Vivienda. La ley está para cumplirse, no para sortearse”.

Si esta desvinculación sale adelante sin condiciones claras, aseguran que “se enviaría un mensaje profundamente preocupante: que una promotora privada puede operar al margen del marco legal que regula la vivienda protegida en Navarra, mientras las familias adjudicatarias quedan desprotegidas, sin herramientas legales ni apoyo institucional. No puede ser que las instituciones vuelvan a incumplir sus compromisos, dejando tiradas por segunda vez a las familias adjudicatarias de Maristas II”.

Por último, apelan a la “dignidad y el derecho a la vivienda” y recuerdan que “más de 100 familias confiamos en este proyecto por ser una promoción pública, legal y protegida. Lo que se nos está imponiendo hoy rompe completamente ese pacto de confianza. Exigimos a las instituciones, a las entidades financieras y a los responsables de la gestión que asuman su responsabilidad, que dejen de poner en riesgo nuestras vidas y nuestro futuro, y que se respete el derecho fundamental de acceso a una vivienda digna, tal y como marca la ley. Porque la vivienda protegida debe ser una garantía, no una trampa”.