Adjudicatarios de VPO de Maristas piden ayuda a la presidenta Chivite

Un total de 55 adjudicatarios de la promoción de VPO y VPT de la sociedad cooperativaMaristas II han enviado una carta a la Presidenta del Gobierno de Navarra,María Chivite, para solicitar una “intervención institucional urgente” para reconducir una promoción “plagada de irregularidades” por los “cauces legales y éticos que rigen para la vivienda protegida”.

El enésimo “atropello” que relatan estos adjudicatarios es que para formalizar el préstamo e iniciar las obras, les requieren una aval en forma de afianzamiento, “lo que les obliga a responder con su patrimonio en caso de futuros impagos, sobrecostes o incidentes que aumenten el precio durante las obras”. Incluso tendrían que asumir el pago aunque la construcción no siguiera adelante, aseguran. “Un riesgo financiero de calado para familias de rentas medias-bajas, que no tienen la certeza de cuánto van a costar sus casas ni si podrán pagarlas”, remarcan.

La propuesta de financiación y los afianzamientos de los socios cooperativistas se llevará a votación el 25 de junio en una asamblea extraordinaria.

La nueva ley

Estos adjudicatarios lamentan que este “atropello” se produzca ante la “mirada pasiva” de las instituciones. Hasta tal punto llega el desamparo, explican, que el Gobierno de Navarra “reconoce la existencia de una laguna legal e impulsa una modificación legislativa para que esta situación no se repita”. Así, en la proposición de ley foral para el derecho a la vivienda, que se debate hoy en el Pleno, se ha añadido un apartado en el que se indica que, en las promociones de vivienda protegida en que sea necesaria la inscripción en el censo de solicitantes para proceder a su adjudicación por baremo, no sé permitirá que el promotor/es se constituya en asociación o cooperativa.

“¿Cómo es posible que, mientras se reconoce por ley la necesidad de blindar a las familias vulnerables de estos riesgos, a nosotros nos abandonen? ¿Por qué el Gobierno foral protege a futuros adjudicatarios con una nueva ley, pero deja a los que estamos atrapados en esta promoción desprotegidos y sometidos a unos atropellos que ahora reconoce como intolerables?”, se preguntan.

Piden amparo al Gobierno

Ante esta situación, estos adjudicatorios exigen una reunión con Chivite para exponer las “irregularidades” existentes en esta promoción. Solicitan que la nueva normativa no deje fuera a los actuales adjudicatarios de esta promoción constituida como cooperativa y que se aplique “un criterio de justicia material” para impedir que esta situación “desemboque en expulsiones, ejecuciones o ruina económica de decenas de familias”. Por ello piden al Gobierno de Navarra que les avale “como ha hecho con Nasuvinsa para la construcción de VPO o con empresas privadas y particulares para sus actividades empresariales”.

A su juicio, proteger a las familias de Maristas II de este “atropello legal y financiero” sería un “gesto contundente de voluntad política real, limpieza democrática y regeneración institucional”. Lo contrario, añaden, “ahondará en la desafección ciudadana y confirmará que las reformas legales se anuncian para el futuro, pero no se aplican allí donde ya ha estallado la injusticia”.

Por todo ello, estos adjudicatarios piden a Chivite que “no permita que la vivienda protegida en el centro de Pamplona se convierta en un símbolo de la gestión chapucera, codiciosa y alegal de una empresa que quiere lucrarse de manera ilegítima”.

En la carta remitida a la consejera, estos adjudicatarios recuerdan las múltiples “ilegalidades, presiones y amenazas sufridas en este proceso”. “Tuvimos que formar una cooperativa de constitución obligatoria auto-promotora para obtener nuestra VPO/VPT”, explican. La gestora Arrasate, que “actúa como promotora encubierta como señaló la consejera Alfaro”, se ha valido de esa necesidad “para canalizar a los adjudicatarios hacia una figura jurídica que no comprendíamos en su totalidad, ocultando deliberadamente los posibles sobrecostes y las responsabilidades legales que implicaba”.

Su confianza en un proceso regulado por el Gobierno foral, prosiguen, “nos impidió siquiera sospechar que acabaríamos asumiendo las responsabilidades y riesgos empresariales, sin ningún tipo de control sobre la promoción. Una carga que nunca nos hubiera correspondido y amenaza con arruinar el futuro de decenas de familias ante la falta de intervención de las administraciones”.

Contrario al espíritu de la VPO

Estos adjudicatarios insisten en que esta promoción “atenta contra el espíritu y la finalidad de la vivienda protegida, destinada a personas con recursos económicos limitados” y “pervierte la figura de la cooperativa, que no está pensada para utilizarse de manera torticera por una empresa para eludir su responsabilidad, como en este caso”.

Por todo ello, estos adjudicatarios tildan su situación “de absoluto desamparo y desprotección”. “Nos sentimos discriminadas en comparación con adjudicatarios de otras promociones VPO”. – Diario de Noticias