Un grupo de familias adjudicatarias de la Cooperativa Maristas II se ha concentrado este jueves ante el Ayuntamiento de Pamplona coincidiendo con la celebración del Pleno, tras el anuncio hace unos días de la modificación del PEAU que permite desligar la entrega de las viviendas libres de las protegidas (aún sin empezar). El Ayuntamiento defendió entonces que esta desvinculación se hace con las “garantías” de que las 108 VPO y VPT se van a iniciar en breve, lo que estos cooperativistas no ven claro después de dos años de espera. En el comunicado, los adjudicatarios indican que no pretender retrasar las viviendas libres, pero sí “nuestro propósito es que las instituciones, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, garanticen nuestro derecho a vivienda protegida”. Señalaron que “la raíz del problema es que Grupo Arrasate ha actuado como promotora encubierta bajo la apariencia de dos cooperativas”, y este se originó cuando “el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra, que debían velar por el cumplimiento del Plan Urbanístico y de la Ley Foral de Vivienda, miraron hacia otro lado y se mantuvieron en silencio”, lo que “ha ido provocando retrasos en la solución a esta situación provocada por cláusulas abusivas y decisiones, bajo presión y con amenazas”. Inciden en que dicha situación “ha conllevado daños, algunos irreparables, como la renuncia a su derecho a vivienda protegida de más de 30 familias”.

Ante ello exigen “al Ayuntamiento y el Gobierno foral que se paralice la desvinculación de las licencias entre viviendas libres y protegidas hasta que los futuros sobrecostes respecto al módulo de 2023 sean asumidos por los verdaderos responsables: Arrasate, Obenasa, Hermanos Maristas y las instituciones implicadas”; la “protección real de los adjudicatarios de vivienda protegida, garantizando el precio legal por metro cuadrado respecto al módulo de 2023”, la “apertura de una investigación institucional sobre el papel de Arrasate en esta operación urbanística”, el “reconocimiento de nuestra condición de víctimas de una mala gestión institucional y de una promoción encubierta que ha actuado con total impunidad” y “un contraaval público o garantía institucional que evite que las familias pierdan su dinero y sus viviendas por decisiones que no les corresponden”.