El Ayuntamiento de Pamplona exige a Ride On acreditar la titularidad de bases y bicicletas antes de anular el contrato

La Junta de Gobierno Local ha aprobado un requerimiento a Ride On Pamplona para que, en el plazo de 5 días hábiles, acredite que es titular de los elementos que se comprometió a suministrar con el contrato y también su origen. Es decir, deberá acreditar, por cualquier medio válido en derecho, el momento y fundamento con el que adquirió esos bienes, sin que ello hubiera supuesto un aumento de su deuda a 16 de abril de 2025, cuando empresa y Ayuntamiento aprobaron las líneas de actuación para la resolución del servicio de mutuo acuerdo. En el caso de que no justifique esa titularidad, el Ayuntamiento de Pamplona podría incoar un procedimiento de declaración de nulidad del contrato.

Si Ride On Pamplona justifica la titularidad de los bienes suministrados al Ayuntamiento de Pamplona sin incremento de su deuda, se le requerirá que presente, en un plazo de cinco días hábiles, alegaciones al informe de verificación económica y técnica de ese stock que el Servicio de Movilidad ha establecido en 310.157 euros más IVA. Esa cifra supone un 44% de los 700.000 euros más IVA que se preveían en el contrato de suministro de stock. El Ayuntamiento reconoce que ha recibido una parte del suministro previsto, pero no se ha cumplido con el número y la calidad de los elementos exigidos en el contrato. 

Por último, el Acuerdo de Junta de Gobierno Local informa a Ride On Pamplona de que puede solicitar la resolución de mutuo acuerdo del expediente, e iniciar así un trámite de liquidación por mutuo acuerdo sobre las condiciones y efectos de dicha resolución. Esa solicitud se deberá acompañar de tres documentos: la acreditación de la titularidad de Ride On Pamplona sobre esas bases y bicicletas y de que esta propiedad no le ha generado más deuda que la existente en abril; un plan para poner en marcha de nuevo el servicio con indicación de plazos condiciones de calidad del servicio y cantidad de bicicletas; y una declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa en el que indique toda su deuda vigente, su origen, plazo de vencimiento y propuesta de pagos, y en la que autorizará al Ayuntamiento de Pamplona a realizar los pagos por endoso, al menos a acreedores como la Hacienda Pública de Navarra, la Tesorería General de la Seguridad Social y los sueldos y salarios de su personal. 

Valoración de las bases y las bicis eléctricas en un 44% del coste previsto

La adquisición de ese suministro de bases y bicicletas eléctricas se justificó inicialmente el pasado 16 de abril con la aceptación por parte del Ayuntamiento de Pamplona de la petición de Ride On para resolver de mutuo acuerdo el contrato de prestación del servicio de alquiler de bicis eléctricas. En ese acuerdo, se aceptaba adquirir esos elementos como plan de reestructuración que garantizara el servicio y que permitiera evitar un procedimiento preconcursal de la empresa y siempre condicionado al correcto estado de los bienes. 

El 12 de septiembre se aprobó el contrato para la compra de 40 estaciones y 400 bicicletas para ampliar el sistema de alquiler de bicis mediante un procedimiento negociado sin convocatoria ni concurrencia, que en noviembre se adjudicó a Ride On Pamplona. Con la compra de esos elementos, el Ayuntamiento dotaba de estabilidad económica a Ride On con una inyección de liquidez para dar continuidad al servicio hasta que se licitara un nuevo contrato para la prestación del alquiler de bicicletas eléctricas. 

La entrega de los elementos para su revisión y valoración se realizó entre los días 12 y 15 de enero, pero el coste del traslado, en contra de lo que recogía el pliego, no lo asumió Ride On, sino que el ayuntamiento tuvo que pagar los 5.827,97 euros, coste que el municipio asumió inicialmente para ayudar a la empresa a cumplir con el contrato. Hasta el 16 de enero la empresa no facilitó un documento con el número de elementos que contenía cada caja del suministro de bicicletas. Previo al pago del 50% del precio del stock establecido por el contrato, el Servicio de Movilidad, de conformidad con lo previsto en el contrato, emitió un informe de verificación que, a falta de un peritaje externo sobre las baterías, valoró los elementos suministrados en un 44% del coste previsto. El contrato preveía una segunda verificación, que no se ha producido debido a las deficiencias en el material entregado. 

Dudas en la propiedad de las bases y bicicletas de la ampliación del servicio

Las razones fundamentales para adquirir ese stock de bases y bicicletas fueron, por una parte, la necesidad de contar con más elementos para la comarcalización del servicio y así garantizar la compatibilidad de todo el sistema en funcionamiento y, por otra, evitar que la empresa Ride On Pamplona entrase en situación concursal. Por ello, el Ayuntamiento de Pamplona solicitó a la empresa que le garantizase el destino de los ingresos derivados del pago de la compra de ese stock. Se trataba de favorecer la estabilización financiera de la empresa y evitar que los problemas financieros generaran problemas en el servicio, como ha sucedido cada vez que Ride On ha tenido falta de liquidez.

El Ayuntamiento de Pamplona tiene dudas de la propiedad de esas bases y bicicletas vinculadas al contrato de compra de stock. La información aportada por Ride On deja en evidencia que, al parecer, ese stock se está comprando a Mida Enterprises, empresa ajena al contrato firmado, que es además la única accionista de Ride On Pamplona, con la que comparte administrador único. La adquisición de las bases y bicis mediante una compraventa a la empresa Mida Enterprises genera una nueva deuda para Ride On Pamplona, que el ayuntamiento considera que no es admisible, por no estar la subcontratación permitida para este contrato y porque no resuelve sus problemas financieros. Ride On ha reportado una deuda que asciende a 1,2 millones de euros, que incluyen una factura de 423.500 euros a Mida Enterprises derivada de la compra de ese stock.

Resolución del contrato y nulidad de pleno derecho

Con todo ello, y a la vista de las informaciones aportadas por Ride On, surge la incertidumbre jurídica sobre la titularidad de los elementos del stockage que Ride On se comprometió a suministrar al Ayuntamiento de Pamplona de manera directa y sin subcontratación. Asimismo, se debe determinar la necesidad de dilucidar si se mantienen o no los fundamentos y condiciones que sustentaron la contratación con esta empresa. Se suma, además, el cese de la actividad realizado por la empresa prestataria de forma unilateral el pasado 13 de febrero. Tras ese cese y los incumplimientos acumulados, el Ayuntamiento de Pamplona ya no tendría interés en adquirir ese suministro ni el tipo de procedimiento de licitación empleado estaría justificado.

Así las cosas, un informe jurídico municipal, que recoge lo acontecido con este contrato, valora que, si la empresa no justifica la propiedad de lo suministrado sin incremento de deuda, el contrato se podría anular y resolver. Entre otras circunstancias, porque la reducción de su valor es superior al 50%. Pero es que, además, esta reducción podría ser incluso mayor dependiendo del peritaje externo encargado por el Ayuntamiento por las dudas que genera el estado de las baterías suministradas. A ello se une que la cantidad y calidad de los elementos recibidos no es suficiente para poder ampliar el servicio a la comarca de Pamplona y que la paralización del sistema desde el 13 de febrero pone el riesgo la garantía de compatibilidad tecnológica de los elementos físicos y software con el servicio prestado actualmente.

La Ley Foral de Contratos Públicos establece como causa de nulidad de un contrato el supuesto de falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional del contratista. Ride On Pamplona acreditó formalmente esos requisitos, pero parece que no era propietaria de los elementos que estaba comprometiendo vender al ayuntamiento, sino que ese cumplimiento se basaba en la subcontratación, que no está permitida en el pliego. El informe ahonda en que se debe analizar el cumplimiento de las circunstancias y fundamentos que motivaron el procedimiento negociado sin concurrencia ni convocatoria, un procedimiento que es excepcional. Y otras cuestiones relacionadas con la adquisición suficiente o no de elementos para ampliar el sistema; la necesidad de que sean compatible tecnológicamente con los actuales, aunque el sistema ahora no funcione; si la compra de esas bases y bicis sirve para estabilizar financieramente a Ride On; o quién es la empresa titular de esos elementos vinculados al contrato de las 40 nuevas bases y 400 nuevas bicicletas.