Desalojado el campamento de migrantes en Aranzadi

El Ayuntamiento de Pamplona ha desalojado a primera hora de este lunes el asentamiento de personas migrantes existente en el antiguo convento de las Agustinas en la zona de Aranzadi, junto al río Arga, donde residían 98 personas, y ha asegurado que más de medio centenar han sido ya derivadas a recursos temporales de alojamiento mientras se estudian alternativas más estables.

La medida se ha adoptado ante el inicio de las obras de reurbanización previstas y viene acompañada de las labores que los equipos de asistencia social están llevando a cabo para reubicar a las personas que allí residían. En el transcurso del desalojo, cerca de las 10.00 horas de la mañana, un varón que permanecía junto a sus pertenencias a las puertas de la Ciudad Deportiva Aranzadi ha tomado un objeto punzante y se ha realizado varios cortes en los brazos y en la cabeza.

Un grupo de jóvenes que esperaban en las inmediaciones del convento tras ser desalojados, con sus pertenencias a cuestas, guardadas en bolsas de basura, reconocían que no saben "dónde van a dormir esta noche". Otro varón, que también abandonaba la zona, explicaba que el desalojo no les había sido comunicado con antelación, sino que ha comenzado esta mañana "sin previo aviso". Esta persona contaba que acudirá a Katakrak a pasar la noche. 

A todos ellos se les ha ayudado a recoger sus pertenencias y se les ha dado la posibilidad de trasladarse a la sede del comedor municipal 'On Egin', donde se les ha ofrecido desayuno y almuerzo. Además, el Ayuntamiento de Pamplona les ha asignado diferentes tipos de recursos habitacionales para ofrecerles una solución temporal.

Las obras para la rehabilitación del antiguo convento de Agustinas han comenzado esta mañana con la delimitación del perímetro de actuación y la entrada de varias excavadoras en el recinto. Hacia las 9 horas, el solar ha quedado clausurado y una hora más tarde, pasadas las 10 horas, ha sido entregado a la empresa adjudicataria que acometerá las obras de rehabilitación. 

Detalles del desalojo

Según los datos municipales, 51 personas han sido o van a ser reubicadas a lo largo de la jornada en distintos dispositivos de urgencia. En concreto, ocho han sido trasladadas al albergue municipal con una estancia limitada a tres días, 10 a albergues de otros municipios y 33 a hoteles y pensiones sufragados por el Ayuntamiento, también por un periodo inicial de tres jornadas.

Además, cinco personas empadronadas en otras localidades —Berriozar, Burlada y el Valle de Egüés— han sido derivadas a los servicios sociales de sus municipios de referencia, mientras que otras tres personas perceptoras de renta garantizada han recibido un listado de habitaciones en pisos compartidos para facilitar su acceso a una alternativa habitacional.

Casuística diversa entre las personas desalojadas

El Consistorio ha subrayado la heterogeneidad de situaciones entre las personas que vivían en el recinto de Aranzadi. Así, ha indicado que tres contaban con ingresos, cinco han rechazado las ayudas ofrecidas y ocho disponían ya de alternativas habitacionales.

Asimismo, tres personas con sanciones previas —relacionadas con el uso indebido de recursos o comportamientos violentos— no han podido acceder a los dispositivos de reubicación habilitados, aunque una de ellas dispone de ingresos propios.

Recursos limitados y listas de espera

El Ayuntamiento ha reconocido que, tras esta primera respuesta de emergencia, será necesario analizar caso por caso para determinar el acceso a recursos más estables de inclusión social. No obstante, ha advertido de la limitación estructural de plazas disponibles.

En este sentido, ha señalado que el programa ETXE BAT, orientado a la atención residencial, cuenta actualmente con una lista de espera de más de 40 personas, mientras que las solicitudes para pisos de emergencia habitacional superan las 300 familias.

Petición de apoyo a otras administraciones

Ante esta situación, el Consistorio ha anunciado que solicitará la colaboración de otras administraciones, tanto a entidades locales como al Gobierno de Navarra, con el objetivo de ampliar las opciones de alojamiento y dar respuesta a las necesidades detectadas tras el desalojo. Mientras tanto, los servicios sociales municipales continuarán trabajando en los próximos días en la evaluación individualizada de cada caso, recalca el Ayuntamiento.

Un centro sanitario de recuperación neurológica

El antiguo convento acogerá un centro sociosanitario, especializado en rehabilitación neurológica y funcional, así como en cuidados residenciales continuados y paliativos. El centro contará con 33 habitaciones y ofrecerá un programa estructurado en cinco áreas funcionales: unidad de tratamiento intensivo (UTI) en régimen de ingreso y ambulatorio, consultas hospitalarias o unidades asistenciales, habitaciones, servicios generales del centro y espacios exteriores. En junio del pasado 2025, el Ayuntamiento de Pamplona adjudicó la concesión demanial de la gestión y explotación de la parcela, por un plazo de 50 años, ampliables en 25 más, al Hospital San Vicente SL, que llevará a cabo el proyecto a través del Grupo Vitalia, propietario de la parcela contigua. Se prevé una inversión en torno a los 10 millones de euros. Este hospital de neurorrehabilitación se completará con la construcción en esa parcela contigua, en la trasera de Agustinas y el colegio Miravalles – El Redín, de una residencia de mayores y apartamentos tutelados.

El edificio, proyectado por el arquitecto Fernando Redón y que data de 1967, cuenta con valores arquitectónicos destacables, aunque el elevado grado de deterioro provocado por la falta de actividad en los últimos años estaba generando situaciones de insalubridad y riesgos de accidente. Además de los aspectos relacionados con el huerto social y con la parcela para la ampliación del parque, el Ayuntamiento de Pamplona obtiene de esta concesión 420 sesiones anuales de reurorrehabilitación que gestionará el área de Acción Social para ayudar a las personas con menos recursos. 

"Sin alternativa habitacional"

El desalojo ha desatado una fuerte crítica por parte del colectivo Apoyo Mutuo, que acusa al Ayuntamiento de aplicar una política social “cruel” frente a la pobreza y el sinhogarismo.

Según denuncia la plataforma, "más de 60 personas" han sido desalojadas a primera hora de este lunes, desde las 6.30 horas, “sin alternativa habitacional” y en condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas cercanas a los seis grados y lluvia. El colectivo subraya que se trata de personas en situación de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas afectadas por el frío, la falta de recursos básicos y procesos administrativos como el empadronamiento o la regularización.

Apoyo Mutuo considera que la actuación municipal supone “una nueva agresión” hacia este colectivo y lamenta que no se haya realizado “una evaluación social, humana e individual” antes de ejecutar el desalojo. A su juicio, las personas afectadas han sido expulsadas “de las cuatro paredes que les cobijaban” tras un invierno especialmente duro, sin acceso previo a recursos municipales de alojamiento.

El colectivo cuestiona además “el nivel de insensibilidad” de las políticas públicas en este ámbito y se pregunta qué ocurrirá ahora con las personas desalojadas. “¿Quién les va a ayudar a sobrevivir?”, plantean, al tiempo que advierten del impacto “dramático” que esta situación puede tener en sus vidas.

Ante este escenario, Apoyo Mutuo exige al Ayuntamiento de Pamplona la puesta en marcha inmediata de alternativas sociales de atención. En concreto, reclama la habilitación urgente de plazas de alojamiento, así como recursos básicos de alimentación e higiene que permitan atender “de forma humana” a las personas afectadas.

“La dignidad no se desaloja”, concluye el colectivo, que apela al “interés público y general” para reclamar una respuesta institucional que priorice el deber humanitario hacia las personas sin hogar.

Aranzadi e Ikastola Jaso

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, que ha comparecido este lunes en rueda de prensa junto al concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, ha afirmado la intervención en el entorno de Aranzadi ha sido "muy cuidadosa, respetuosa" y "exquisita".

Por otro lado, Abaurrea ha señalado que, a diferencia del caso de Aranzadi, la antigua ikastola Jaso "no es un edificio público, es un edificio privado", en el que "hemos trabajado, a petición sobre todo del vecindario del barrio, junto con el Gobierno de Navarra para resolver la situación". "Una situación que depende del juzgado, es quien tiene que autorizar la intervención", ha destacado, tras incidir en que junto al Gobierno "vamos a tratar de hacer una intervención similar" a la de Aranzadi, "pero en este caso la fecha no la podemos poner", pues "queda en manos del juzgado".

"Hubo un momento en el que parecía que sí que iba a ser más o menos inmediato. Ahora, tenemos que ser sinceros, no tenemos en perspectiva una fecha, ni podemos adivinarlo. En todo caso, cuando ocurra, trataremos de hacer la intervención más respetuosa y más delicada posible", ha manifestado.

"No se deja a nadie sin padrón teniendo derecho"

Por su parte, Mauleón se ha pronunciado, en respuesta a los medios de comunicación, sobre las afirmaciones de distintos colectivos sociales que la semana pasada acusaron al Ayuntamiento de "bloquear el padrón" a 50 personas sin hogar. A este respecto, Mauleón ha señalado que "en Pamplona no se deja a nadie sin padrón que tenga derecho a ello", si bien "hay que seguir el procedimiento establecido".

"Cuando uno reside en una vivienda, aunque sea sin contrato, puede solicitar un alta de oficio, el Ayuntamiento comprueba que efectivamente reside en esa vivienda, y se le da de alta. Si una persona reside en la calle, lo que hace es solicitar un empadronamiento social. Para solicitar el empadronamiento social, el único requisito es que lleven residiendo habitualmente, tres meses en la ciudad", ha relatado.

Según ha añadido, "cuando ya lleva tres meses en la ciudad, nos solicita un padrón social, comprobamos que efectivamente ha residido en la ciudad esos tres meses y se les empadrona en la unidad de barrio".

"Lo que se ha producido en este caso, hasta donde conocemos, es que se ha utilizado un procedimiento erróneo: se solicitaba el empadronamiento en las sedes de asociaciones y entidades sindicales, etc., no en unidades de barrio, que es el procedimiento para las personas sin hogar, o en las viviendas que correspondan, si están en viviendas, aunque sea sin contrato. Por tanto, lo que evidentemente hay que hacer es realizar correctamente el procedimiento", ha indicado. Según Mauleón, se está preparando una guía en diferentes idiomas.