Garzón recurre que se le juzgue por las escuchas de "Gürtel"
Sostiene ante el supremo que sus acusadores están tergiversando la verdadAlega que las comunicaciones entre letrado y cliente en la cárcel no son inviolables si media una orden judicial
pamplona. El juez Garzón ha presentado un recurso de súplica ante el Supremo contra la decisión de este órgano de admitir a trámite una tercera querella contra él, que fue presentada por Ignacio Peláez, el abogado de José Luis Ulibarri, uno de los imputados del caso Gürtel, al considerar que el magistrado prevaricó y cometió un delito contra la garantía constitucional de intimidad al intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama corrupta con sus abogados en prisión. En un escrito de 17 páginas presentado ayer, el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, letrado de Garzón, se adhiere al recurso de la Fiscalía el pasado 1 de marzo y acusa al querellante de manipular los hechos relacionados con las intervenciones telefónicas mediante "inexactitudes tendentes a crear una sensación global de desprecio por el Derecho".
Entre estas inexactitudes, cita la de que Garzón abriera unas diligencias independientes sin petición expresa de la Fiscalía, que se ordenaran las escuchas antes de imputar al abogado José Antonio López Rubal (según la causa se le imputó diez días antes de intervenir sus comunicaciones), o que este letrado desconociera su condición de investigado. La defensa de Garzón subraya, al contrario de lo que sostiene Peláez, que la ley "no declara la inmunidad absoluta de las conversaciones entre los internos de los centros penitenciarios y los abogados", y tampoco lo ha hecho la jurisprudencia del Constitucional.
Según esta jurisprudencia, el director de una cárcel puede intervenir las comunicaciones de los internos salvo cuando sean con sus letrados, en cuyo caso debe contar con autorización judicial, y en los casos de terrorismo. "Desde luego, es indudable que la práctica de diligencias de investigación ha de respetar los derechos fundamentales y, entre ellos, el derecho a la defensa letrada, Pero de ahí a asumir que las conversaciones entre un interno y un abogado son inviolables y no se pueden intervenir jamás, media un notable salto argumental". D.n./e.p.
Más en Política
-
La jueza procesa a González Amador por fraude fiscal y falsificación
-
Aina Calvo abandonará la Secretaría de Estado de Igualdad para ser la número dos de Marlaska
-
Fallece el exministro Juan Manuel Eguiagaray a los 79 años
-
El Supremo exige este jueves al Gobierno español respuestas sobre la acogida de menores migrantes