Archivan la última causa pendiente del ‘caso Egunkaria’

pamplona - Tras cinco absoluciones en 2010, una condena al Estado español en 2012 por no investigar una denuncia de torturas, tras declarar “extinguida la responsabilidad criminal” de otras ocho personas, tras once años de sumario abierto y después de un cierre de periódico, el caso Egunkaria pasó ayer a la historia después de que la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa decidiera desestimar el recurso de la Fiscalía y archivara la pieza económica.

Las partes estaban citadas a las 13.00 horas para conocer la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa y apenas 30 minutos después -media hora larga, relató el imputado Joan Mari Torrealdai, en la que “casi te da reparo hasta respirar. A ver de qué lado caía el fallo”-, la noticia se había extendido: final definitivo de la pieza económica del caso Egunkaria.

“La Sala dispone desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación del Ministerio Fiscal” y “confirma la resolución recurrida”. Con esta resolución, que es “firme” y contra la que “no cabe recurso ordinario alguno”, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa archivó, ya de manera definitiva, la pieza económica del caso Egunkaria que arrancó en 2003.

Cuando en 2010 la Audiencia Nacional dictaminó la absolución de los cinco acusados de la causa principal, el sumario económico -en el que repetían Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi e Iñaki Uria, junto a Joxe Mari Sors, Mikel Sorozabal, Begoña Zubelzu, Fernando Furundarena y Ainhoa Albisu- se trasladó a Gipuzkoa.

Un volver a comenzar en el que la jueza Carmen Zubimendi concluyó a comienzos de junio de 2014 que, sin entrar en el fondo de los delitos que se habrían cometido entre 1998 y 2001 y que llevó al fiscal a reclamar penas de entre 13 y 26 años y multas de entre 21 y 33 millones, estarían prescritos.

Un decisión que el Ministerio Fiscal, fundamentado en aspectos técnicos, no compartió y recurrió al entender que dicho periodo de prescripción -de cinco años- habría quedado interrumpido en 2003, con uno de los autos.

En el fallo conocido ayer, el tribunal, compuesto por Juana María Unanue -presidenta-, Iñigo Suárez y María del Carmen Bildarraz, resta con base en el artículo 132 del Código Penal “virtualidad interruptiva” a los informes periciales, mientras que sobre los autos de noviembre de 2003 asegura que “no se contiene ningun elemento de determinación de las posibles conductas típicas, dada la amplitud y el carácter absolutamente abierto y meramente enunciativo de la narración fáctica”.

Los magistrados aseguran que “la delimitación de los hechos y su posible integración en los tipos penales de falsedad en la contabilidad y contra la Hacienda pública por fraude en la subvenciones se efectúa tras el dictamen de la Agencia Tributaria lleva fecha de 29 de mayo de 2006”.

El auto de abril de 2007, que acuerda la transformación del proceso en abreviado, “es declarada nula, por lo que los requisitos de delimitación subjetiva y objetiva que se exigen no pueden entenderse observados hasta el dictado de dicha resolución”. Para entonces, zanja el tribunal, “los delitos que se imputaban a los apelados habrian prescrito”.

“Esperanza perdida” El que fue presidente del consejo de administración de Euskaldunon Egunkaria, Joan Mari Torrealdai -y uno de los absueltos en 2010 con Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga-, respiró poco antes de las 13.30 horas de ayer.

“Nos quitamos un peso, y grande, de encima”, valoró en conversación con este diario instantes después de conocer el fallo que archiva la causa. “Las partes estaban convocadas para las 13.00 horas y estábamos esperando a ver de qué lado caía”, confesó Torrealdai, quien reconoció que hasta que supo el fallo le daba “reparo casi hasta respirar”.

Once años después de que comenzara el proceso judicial, el que fuera presidente del consejo de administración aseguró que, “aunque esto te da la tranquilidad, justicia sería la reparación”.

“Al final, tenemos perdida la esperanza de la justicia. Ahí está nuestra pena de banquillo”, recordó Torrealdai, quien avisó de que “la justicia debería reparar todo el daño psicológico, físico, el patrimonial, el sufrido por nuestras familias... Esto sí da tranquilidad al final, pero se debería reparar todo lo anterior”.

20-2-2003. El juez de la Audiencia Nacional (AN) Juan del Olmo emite un auto en el que ordena la clausura cautelar de Euskaldunon Egunkaria y el embargo de sus bienes. Son detenidos Iñaki Uria, Martxelo Otamendi, Joan Mari Torrealdai, Pello Zubiria, Luis Goia, Fermin Lazkano, Inma Gomila, Xabier Alegria, Xabier Oleaga y Txema Auzmendi.

21-2-2003. Los trabajadores de Egunkaria lanzan Egunero, una publicación provisional hasta que el 21 de junio ponen en marcha Berria.

25-2-2003. Después de cinco días incomunicados y tras los que denuncian torturas, el juez ordena prisión incondicional para Uria, Torrealdai, Auzmendi, Oleaga y Alegria. Otamendi, Gomila, Lazkano y Goia fueron puestos en libertad bajo fianza.

16-10-2003. Son detenidos Mikel Arrizabalaga, Angel Diez, Joxe Mari Sors, Mikel Azkune, Armando Hernández, Mikel Sorozabal, Joanmari Larrarte y Xabier Legarra acusados de fraude. El día 20, Del Olmo ordena encarcelar al abogado Eneko Etxeberria. Cuatro días después, el propio Etxeberria, Arrizabalaga, Diez y Hernandez fueron puestos en libertad incondicional. El resto es liberado bajo fianza de 12.000 euros.

2-8-2004. Sale de prisión Uria bajo fianza de 450.000.

15-12-2006. La Fiscalía solicita el sobreseimiento de la causa al no ver “indicios” de que Egunkaria funcionara como “instrumentos de ETA”.

30-7-2009. El tribunal de la Sala Segunda de lo Penal de la AN decide continuar con la causa, en la que habrá cinco imputados: Otamendi, Torrealdai, Uria, Oleaga y Auzmendi.

15-12-2009. Comienza el juicio del sumario principal en la AN, donde declaran los cinco acusados y donde la Fiscalía, que pidió el archivo de la causa, no realiza ninguna pregunta.

1-2-2010. Concluye la vista oral. La defensa reclama la absolución, mientras que la acusación popular ejercida por la AVT y por Dignidad y Justicia (DyJ) reclama penas de entre 12 y 14 años.

12-4-2010. El tribunal presidido por Javier Gómez Bermudez absuelve por unanimidad a Otamendi, Torrealdai, Uria, Oleaga y Auzmendi. Los magistrados no vieron conexión del diario con ETA, consideraron que el cierre del periódico no tenía un respaldo constitucional y señalaron que no se investigaron las denuncias de torturas.

5-5-2010. El juez José María Vázquez Honrubia traslada la causa económica a Gipuzkoa. Tiene que volver a tramitarse la causa, que sigue pendiente. DyJ reclama penas de entre 13 y 26 años y una multa de 231 millones.

26-12-2011. La Audiencia Provincial deja fuera de la causa a DyJ.

16-10-2012. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por no investigar las torturas a Otamendi, indemnizado con 24.000 euros.

21-1-2013. El Ministerio de Justicia rechaza indemnizar a los 5 absueltos.

4-6-2014. La magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa considera prescritos los presuntos delitos económicos y decide no abrir vista oral, una decisión que el Ministerio Público recurrirá.

14-10-2014. La Sección Tercera de la Audiencia archiva definitivamente la causa económica. No cabe ningún recurso.