PAMPLONA. El responsable coordinador de Buenas Prácticas y Anticorrupción del Gobierno de Navarra, Iulen Urbiola, ha explicado que lleva cinco meses realizando un análisis comparado de la normativa internacional, española y autonómica sobre lucha contra la corrupción con el fin de impulsar la creación en Navarra de una oficina que se encargue de esta materia.

En paralelo, está analizando también asuntos pasados de la Administración navarra en relación con contrataciones, subvenciones y encargos a entes instrumentales para identificar situaciones susceptibles de mejora.

Iulen Urbiola ha explicado que la unidad que él coordina no es una oficina anticorrupción y ha precisado que su misión precisamente es "impulsar y dinamizar la creación de lo que va a ser la futura oficina anticorrupción, que tiene que venir desarrollada a partir de una ley foral, que a mi entender debería ser aprobada por mayoría absoluta".

Urbiola, que ha comparecido en el Parlamento de Navarra a petición del PSN para explicar su labor, ha señalado que desearía que para antes de Sanfermines existiera ya un documento sobre el que poder debatir para la creación de la oficina.

Iulen Urbiola ha explicado que desde su nombramiento hace cinco meses ha seguido dos líneas de trabajo. La primera, comparar qué existe actualmente desde el punto de vista normativo, administrativo y organizativo a nivel internacional, estatal y autonómico.

En segundo lugar, está realizando un examen de los asuntos tramitados por la Administración foral en relación con contrataciones, subvenciones y encargos a entes instrumentales. "No he analizado expedientes al completo, se me ha remitido una cantidad ingente de diferentes asuntos", ha apuntado.

Urbiola ha explicado que si encuentra documentación que "que se entienda que es irregular o que no ha cumplido con la ley" la trasladará "a quien corresponda" y ha subrayado que está buscando "en la cadena procedimental cuáles son los eslabones en los que hay mayor o menor debilidad y qué es en lo que debería poner atención la futura oficina".

DEPENDENCIA DEL PARLAMENTO

Ha incidido en que la futura oficina debe depender del Parlamento, porque si estuviera controlada por el Gobierno "su discurso se entendería como parcial y perdería peso y fuerza política".

Además, ha defendido que "el objetivo que se busca en esta futura oficina es la complementariedad" y ha asegurado que "no va a sustituir ni va a asumir competencias de ningún otro órgano de control y fiscalización existente". "La finalidad es la de completar los trabajos de fiscalización que ya se llevan a cabo a través de otros organos y entrar en espacios a los que a día de hoy esos órganos no llegan", ha indicado.

Urbiola ha precisado que una vez finalizadas sus labores de "dinamización y motor" de la oficina, su trabajo "quedará cumplido y mi cargo quedará a disposición del Gobierno". Cabe recordar que él es el único miembro de esta unidad del Ejecutivo foral.

CRÍTICAS DE PSN Y UPN

En el turno de los grupos parlamentarios, la portavoz del PSN, Inma Jurío, ha dicho que Iulen Urbiola "ha avanzado poco en su trabajo" y "no ha concretado nada". "No es nada personal, pero ponemos en duda esta prisa que se puso por nombrarle antes de crear la oficina en sí, y lo dudamos porque la finalidad de esta oficina no es tanto centrarse en buscar ilegalidades, porque creemos que no se han cometido, sino poner de manifiesto que se estaban contratando fuera servicios que deberían haber sido prestados por la Administración y decir que nos costó mucho dinero", ha indicado.

El portavoz de UPN, Sergio Sayas, ha dicho que "si el Gobierno quisiera control y transparencia, y no quisiera propaganda y marketing, Iulen Urbiola sería alguien independiente, y si fuera independiente, no tendría sentido porque ya está la Cámara de Comptos". "La función de auditoría la tiene encomendada Comptos y la función de control el Parlamento, por tanto, lo que le queda a esta oficina es marketing y propaganda", ha dicho.

Por parte de Geroa Bai, Patxi Leuza ha afirmado que "la única forma de combatir la corrupción o las malas prácticas es la prevención" y ha indicado que la oficina tendrá que trabajar en esa línea. "La sociedad debe intervenir en ese control. Hasta ahora ha habido muy poco control por parte de la sociedad y no es porque no haya querido, sino porque no ha tenido oportunidad", ha indicado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha defendido que "la futura oficina tiene que ser independiente y eso quiere decir que tendrá que ser el Parlamento el que designe" a su responsable. "Se está trabajando para presentar una proposición de ley en la que los cuatro partidos que hicimos el acuerdo programático alcancemos un acuerdo en esta materia", ha adelantado, para desear que antes del verano esté en tramitación la ley.

Por parte de Podemos, Rubén Velasco ha considerado que la oficina "debe ser un organismo complementario y tiene que estar en perfecta coordinación con organismos que se dedican a la fiscalización como la Cámara de Comptos, el Tribunal de Contratos, la Fiscalía o el Defensor del Pueblo". "Nos gustaría que no se quedase simplemente en una oficina que emita recomendaciones, sino que pudiera haber un camino para iniciar expedientes informativos y decidir si puede haber sanciones", ha dicho.

Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha compartido las explicaciones y el trabajo que está realizando Iulen Urbiola. "Creemos que esta oficina va a contribuir a que el Gobierno sea más transparente y sus funcionarios más comprometidos con una gestión honesta y eficaz de los recursos públicos", ha asegurado.