PAMPLONA. El expresidente del Gobierno de Navarra, Jaime Ignacio Del Burgo, ha asegurado que, si desde 1977 ha contado con escolta "no es por un capricho personal ni por el deseo de disfrutar de privilegio alguno, sino por razones de riesgo objetivo".
Un riesgo, ha afirmado en un comunicado, que la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, "conoce bien ya que procede del mundo de la autodenominada izquierda abertzale".
Asimismo, ha aclarado que "nunca he solicitado ni al Gobierno ni a la Justicia el disfrute de coche oficial, ni de forma permanente ni tampoco de forma coyuntural para asistir a los actos oficiales".
El ex presidente ha querido contestar así a las declaraciones realizadas por Beaumont, este jueves en el pleno del Parlamento, en las que ha anunciado que el Gobierno foral ha decidido no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que revoca la decisión del Ejecutivo de sustituir la escolta del expresidente por un sistema de contravigilancia, "aunque discrepemos de ella".
Del Burgo ha señalado que recurrió a los tribunales "por considerar que la decisión del Gobierno de Navarra de retirarme la escolta que me venía prestando la Policía Foral" había sido "un acto contrario a Derecho, como así lo ha declarado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra".
En este sentido, ha recalcaldo que la sentencia del TSJN señala que la norma foral reguladora de la seguridad personal de los expresidentes "ha sido vulnerada en mi caso" porque "se ha constatado la existencia de cierto riesgo que exige que el Gobierno foral me garantice un nivel suficiente de seguridad personal".
Finalmente, sobre las intenciones del Gobierno foral de revisar el decreto foral 180/1984 que regula el estatuto de los expresidentes y exconsejeros, Jaime Ignacio Del Burgo ha recomendado al Ejecutivo foral que "dicte un Decreto de aplicación a Navarra del mismo régimen del que disfrutan los lehendakaris vascos: pensión vitalicia a partir de los 65 años (45.000 euros anuales), coche oficial, escolta, despacho y secretaria". "Si así lo hace, no tengo inconveniente en que introduzca una disposición especial que elimine al expresidente 'más viejo' y anuncio que no recurriré", ha concluido.
