ecaso Erial ha vuelto a poner en el ojo del huracán a las empresas de la familia del exdirector de la Policía Nacional y exvicepresidente del Gobierno Valenciano Juan Cotino, envuelta en varios procesos judiciales, la mayoría de ellos vinculados con la financiación irregular del PP. En la operación Erial han sido detenidos dos de los sobrinos del ex director general, Vicente y José Cotino, mientras que el propio Juan Cotino declaró ayer como investigado (antes imputado) ante la Guardia Civil.

Juan Cotino, nacido en Xirivella (Valencia) el 26 de enero de 1950, ocupó durante 23 años responsabilidades en distintas administraciones públicas: primero como teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valencia (en 1991, con Rita Barberá al frente del consistorio), y luego, a partir de 1996, como director general de la Policía, cargo que ocupó hasta 2002. A partir de 2004 desempeñó cargos en la Generalitat valenciana, entre ellos el de conseller de Agricultura, y en 2011 fue nombrado presidente de Les Corts Valencianes, cargo al que renunció en octubre de 2014 por la presión de la oposición, que pidió su dimisión por las adjudicaciones de la Generalitat a la empresa de su familia, Sedesa, por 830 millones de euros en una década, y por su papel en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, en la que estuvo implicada la trama Gürtel.

El pasado enero declaró como testigo ante la Audiencia Nacional por supuestos pagos en negro al PP, y en los últimos meses se han publicado conversaciones telefónicas de su sobrino Vicente Cotino con el empresario Enrique Ortiz, en las que se le cita como conseguidor de negocios para empresas de su familia. Su sobrino, Vicente Cotino, detenido el martes junto a su hermano, José Cotino, fue uno de los empresarios que confesó la financiación ilegal del PP en el juicio Gürtel para eludir la cárcel y tiene una condena por delito contra la Hacienda Pública. En concreto, en enero de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a 18 meses de prisión y al pago de una multa de 151.800 euros, en el juicio que se seguía contra el expresidente de la Generalitat y de Bancaja José Luis Olivas por falsedad y delito contra la Hacienda pública.

Dentro de las actuaciones del caso Erial, los agentes registraron el pasado martes la sede de la conselleria de Economía en Valencia en busca de la documentación relacionada con la empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA, filial de la firma Sedesa, propiedad de Vicente Cotino. Los investigadores sospechan que un grupo de empresarios pagó comisiones por 10 millones de euros a cambio de las adjudicaciones de algunos de los lotes o zonas en que se dividió la privatización de las ITV y de los parques eólicos. Vicente Cotino está también vinculado con el caso Valmor, sobre irregularidades en la Fórmula 1. - D.N.