- Son los grandes olvidados de la crisis del coronavirus. En tiempos de confinamiento masivo y de campañas bienintencionadas y edulcoradas -todo saldrá bien, quédate en casa, mantén las distancias, se repite machaconamente como si todos pudieran elegir-, los miles de presos que pueblan las cárceles del Estado tienen que sumar a los riesgos sanitarios -peores todavía en el hacinamiento de la prisión- una pérdida de derechos fundamentales que no han tenido otro remedio que asumir en nombre de la emergencia sanitaria.
Salhaketa, Sare, Etxerat y Altsasu Gurasoak, cuatro plataformas ciudadanas vinculadas en mayor o menor medida con los derechos de los presos, han puesto en marcha una iniciativa, #SOSPresoakCovid19, para denunciar que el estado de alarma ha cercenado todavía más las libertades de los presos, a los que desde el 12 de marzo se ha privado de permisos de salida, visitas y actividades con el objetivo de minimizar contagios.
Por eso, los cuatro colectivos exigen al Gobierno de España que ponga en marcha un plan, y quieren que el Gobierno de Navarra y las instituciones forales -ya se han reunido con el consejero de Justicia, Eduardo Santos- hagan suyas esas demandas para obtener una respuesta. De momento, otras campañas similares en el resto del Estado -y de las que forman parte- han conseguido que el Defensor del Pueblo se interese por los problemas que se están viviendo en las prisiones, pero las pretensiones todavía están muy alejadas: las cuatro asociaciones proponen un plan de excarcelamiento para evitar que las prisiones se conviertan en focos de infección y no se arrase con los derechos de los reclusos.
Es lo que traslada Libertad Francés, miembro de Salhaketa Nafarroa, y una de las portavoces de las cuatro asociaciones. Francés sitúa cómo ha afectado el coronavirus a los derechos de los presos: "Todas las personas presas que venían disfrutando de permisos de salida hasta el día 12 de marzo han visto cancelados sus permisos". También se han cortado todas las comunicaciones presenciales: cancelados los vis a vis y los encuentros familiares, que se han reducido a llamadas telefónicas y, de manera excepcional y tras varias quejas, a videollamadas a través de teléfonos móviles habilitados para la ocasión.
Es difícil calcular cuántas personas presas se han visto afectadas por estas medidas, decretadas desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). Las cuatro asociaciones dicen que es muy difícil dar una cifra exacta, pero recuerdan que en todo el Estado hay poco más de 30.000 personas en segundo grado (datos de la propia SGIP), que son las que teóricamente pueden acceder a permisos de salida, aunque eso no quiere decir que todos estén en la misma situación.
Esto tiene que hacer que el Gobierno de España "adopte medidas respetuosas con los derechos de los presos". "Las únicas medidas que se han tomado hasta ahora han ido encaminadas hacia el aislamiento", denuncia Francés. "Se ha prohibido la entrada a todo el personal ajeno a la cárcel, se han cancelado todos los permisos y se han prohibido las comunicaciones con familiares y personas allegadas a excepción de las llamadas de teléfono".
Esto está haciendo más grave la situación de aislamiento de los presos, más vulnerables en la medida en la que "falta de atención sanitaria adecuada en las cárceles". Incluso, asegura, en la cárcel de Pamplona "las entidades encargadas de llevar a cabo programas tan importantes como la atención a la salud mental o a las drogodependencias no están entrando en la cárcel, no se está permitiendo ni facilitando el contacto con comunidades terapéuticas o pisos de acogida y tampoco se están realizando programas como el de violencia de género. Y no solo eso, sino que además, no se están permitiendo ni facilitando formas alternativas para continuar desarrollando estos trabajos a diferencia de lo que si se está haciendo en la calle".
Por si fuera poco, la pandemia, dice, deja de lado el espíritu de la cárcel: el de que la pena privativa debe ir encaminada a la reinserción y socialización de los presos. "En estos momentos, esto ha caído en el olvido, sin actividades o trabajos para los presos es imposible cumplir un mandato que es Constitucional".
Por todo, solicitan que el Gobierno de España haga un plan para revertir la situación. Ellos proponen una excarcelación y recuerdan que la OMS y la Comisión Europea recomiendan alternativas a la prisión; que se amplíe la comunicación con videoconferencias gratuitas y acercamiento de presos al lugar de arraigo; y el reestablecimiento de las actividades con medidas de seguridad. Y, si no lo consiguen, que al menos el Estado "deje de asumir los postulados más restrictivos" e introduzca mejoras. "Los presos están siendo los grandes olvidados de esta crisis", zanja Francés.
"Buenas sensaciones". El miércoles por la tarde, representantes de las plataformas mantuvieron una reunión telemática con el consejero de Justicia, Eduardo Santos, al que tuvieron la oportunidad de exponer la realidad del COVID-19. "Tuvimos la oportunidad de exponer el manifiesto y las peticiones. La sensación es positiva", resume Francés, que se quedó con la sensación de que la actitud del Gobierno fue "de receptividad". Las asociaciones y el consejero ya se han citado para mantener otra reunión la semana que viene, para compartir el plan de desescalada y para tener más información de cara a poder seguir haciendo propuestas. Las asociaciones quieren saber si hay algún plan de desescalada para las prisiones y cárceles del Estado.
"Las cárceles son un foco de contagios por el hacinamiento y la deficitaria atención sanitaria"
Portavoz de Sare, Salhaketa Nafarroa, Etxerat y Altsasuko Gurasoak
