- Arrancó ayer el juicio por la propiedad del Pazo de Meirás ya que, mientras la Abogacia del Estado, la Xunta, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña defienden que se reintegre al patrimonio público, la familia Franco y una sociedad mercantil, sostienen que el dictador compró el inmueble a la familia Pardo Bazán.

Dos de los testigos citados ratificaron la prestación de servicios en el inmueble por parte de personal de administraciones hasta la muerte del dictador y en el caso de agentes de la Guardia Civil en años posteriores. Así lo manifestó un vecino de Meirás, que explicó que había guardias civiles vigilando el inmueble, una tarea que en este caso se mantuvo hasta la década de los ochenta.

Otro testigo, funcionario del Ayuntamiento de A Coruña, apuntó que en la década de los 60 “y algunos años de los 70” los bomberos de la ciudad “llevaban agua al pazo” y participaron en las labores de extinción del fuego de 1978. “Había cinco o seis salidas”, aseguró sobre los desplazamientos de los bomberos antes del incendio, pero también de jardineros y, en algún caso, canteros.

Mientras transcurría la vista, más de medio centenar de personas se concentraron a las puertas de los juzgados con gritos como: “El pazo es del pueblo”, “Franquismo nunca más” o “Devolución del pazo de Meirás”.