“Entré en ETA porque no había otra solución”
Marixol Iparragirre ‘Anboto’ declara en un juicio que en aquella época “o te mataba el GAL o te cogía la Policía”
- La exdirigente de ETA Marixol Iparragirre, Anboto, negó ayer en el juicio en la Audiencia Nacional que ordenara el atentado contra el cuartel de la Policía en Oviedo en 1997 y manifestó que entró en ETA “porque no tenía otra solución”.
El fiscal pide que sea condenada a 71 años de prisión por haber ordenado el referido atentado de Oviedo, cometido con lanzamiento de granadas por los ya condenados por estos hechos Kepa Arronategi y Eneko Gogeaskoetxea, quienes negaron que Anboto estuviera implicada en este atentado.
Durante la vista, manifestó que decidió trasladarse a Francia con su padre porque no quería volver a sufrir los malos tratos que dice que recibió tras haber sido detenida en una primera ocasión en su domicilio familiar junto con su madre y sus hermanos.
Ya en Francia, “era 1982 y el GAL empezaba a cometer asesinatos contra refugiados vascos”, recordó Iparragirre. Añadió que en una calle cercana a donde vivía en Baiona secuestraron -ya en 1983- a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, a los que asesinaron y que tres personas habían esperado un día a su padre en las inmediaciones de su casa.
Añadió que en esa época “también comenzó la represión del Gobierno francés” y en ese contexto “o te mataba el GAL o te cogía la Policía francesa y te ponía en manos de la Policía española”.
“Tenía claro que no me iban a pillar y entré en ETA porque no tenía otra solución”, subrayó Iparraguirre.
La acusada aseguró que nunca usó el sobrenombre de Anboto y estima que en un momento determinado vio que “fuentes policiales la empezaron a poner en el nuevo organigrama” de la banda.
Este es el segundo juicio a Anboto en España, tras ser entregada por Francia. En el primero fue condenada a 122 años de cárcel por ordenar el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en 1995 en León.
Iparragirre fue detenida en Francia en 2004, donde fue condenada a 20 años de cárcel tras considerarla responsable de los denominados comandos legales.
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