El brexit y la pandemia de coronavirus están avivando las tensiones en Irlanda del Norte, donde los disturbios de los últimos días en áreas protestantes de la provincia británica han causado cuantiosos daños y heridas a medio centenar de policías. La violencia callejera, protagonizada principalmente por grupos de unionistas -en su mayoría jóvenes-, alcanzó en la noche del miércoles su punto álgido con el secuestro e incendio de un autobús urbano en Belfast y la agresión a un fotógrafo de prensa.
Los alborotadores buscan ahora, además del enfrentamiento con la Policía autónoma (PSNI), el choque con la comunidad católica-nacionalista en las zonas que dividen a ambos bandos en la capital norirlandesa, las llamadas eufemísticamente “líneas de paz”.
Estos intentos por extender el conflicto ha hecho saltar las alarmas entre los partidos de la región y los Gobiernos de Belfast, Dublín y Londres, que efectuaron ayer un llamamiento a la calma para evitar una escalada de la violencia.
A pesar de sus diferencias internas, el Ejecutivo norirlandés, de poder compartido entre protestantes y católicos, emitió un comunicado para pedir el fin de los “deplorables” ataques contra los funcionarios y los vecindarios, en los que, según la PSNI, han estado implicados grupos paramilitares lealistas (leales a la corona británica).
El Gobierno autónomo adoptó esa posición conjunta después de reunirse con el máximo responsable policial de la provincia, Simon Byrne, quien ha sido duramente criticado estos días por la ministra principal y líder del probritánico Partido Democrático Unionista (DUP).
De hecho, algunos observadores atribuyen el rebrote de la violencia al enfrentamiento entre la policía autónoma y el DUP, molesto porque las autoridades decidieron la pasada semana no imputar a miembros del Sinn Féin, brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), que asistieron en junio al funeral de un antiguo líder paramilitar pese a las restricciones por la pandemia.
El problema es que llueve sobre mojado, porque el sentimiento de agravio que acusa la comunidad unionista-protestante también tiene sus raíces en el Brexit y, en concreto, en el controvertido Protocolo Irlandés, incluido en el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
En virtud de este mecanismo, Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado único comunitario, por lo que las mercancías que cruzan entre ese territorio y el resto del Reino Unido deben pasar controles aduaneros, con una nueva carga burocrática que ha provocado escasez de productos y tensiones políticas.
Aunque esa solución fue diseñada para evitar el establecimiento de una frontera física entre las dos Irlandas, clave para sus economías y para el proceso de paz, la comunidad unionista cree que pone en peligro su relación con Londres, sobre todo ahora que los partidos nacionalistas han redoblado sus esfuerzos para avanzar en el objetivo histórico de la reunificación de la isla.
En este clima de creciente crispación, el ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Simon Coveney, advirtió ayer que los disturbios “causarán muertes” si los políticos no trabajan juntos para “rebajar la tensión” y abordar “los desafíos” a través de la vía democrática. “Es muy preocupante ver que hay esfuerzos para provocar una reacción de la comunidad nacionalista (en las líneas de paz) y extender la violencia más allá de las comunidades lealistas”, dijo Coveney, quien pidió recuperar el espíritu del acuerdo del Viernes Santo, el texto que puso fin al conflicto en la región y que cumplirá 23 años mañana.
Críticas a los paramilitares protestantes. Boris Johnson condenó los disturbios y los ataques contra la PSNI, e insistió en que la “única manera de resolver las diferencias” es a través del “diálogo, sin violencia o criminalidad”.
