"Yo entiendo que hay los recursos que hay, pero la transparencia no es gratis"

Se han duplicado las reclamaciones. ¿Cada vez exigimos más transparencia?

-Lo que dice la memoria es que se han multiplicado las resoluciones de un año a otro. Y en el primer cuatrimestre de 2022 lo que nos dicen los datos es que han llegado más peticiones que en el primer cuatrimestre de 2021. El Consejo de Transparencia se está consolidando por que cada vez hay más participación, se solicita más información pública y se reclama si no hay respuesta. Eso apunta a una mayor conciencia por parte de un ciudadano que cada vez exige más.

¿Qué ha comentado con los parlamentarios fuera de micrófono?

-Hay que tener en cuenta que cuatro de los vocales son miembros del Parlamento. Esto hace que estén muy al tanto de todo lo que pasa. Lo que comentamos es que el Consejo ya lleva cinco años y quizá sería bueno empezar a trabajar en una reforma de la estructura del Consejo.

¿Qué sucede con la estructura?

-Uno de los problemas que yo veo es que seis de los doce miembros del Consejo somos juristas con experiencia y en ejercicio. Tenemos capacidad para resolver jurídicamente las reclamaciones, pero no son reclamaciones sencillas y suelen requerir mucho repaso, mucha consulta a jurisprudencia... Y tenemos que recordar que los seis vocales juristas hacemos este trabajo sin percibir retribución. Eso ha contribuido a un cierto cansancio por parte de los vocales juristas.

¿Qué le han comentado?

-La propuesta ha tenido buena acogida. Mi impresión es que el Parlamento ha captado que el consejo se tiene que retocar. ¿Cuál es la mejor alternativa? Eso es lo que hay que pensar. Yo barajo varias opciones. Una que yo consideraría mínima es que se percibiera algún tipo de retribución por las ponencias que elaboramos. A ver, a los vocales nos da igual percibir cuatro duros, pero es más por el aliciente, por reconocerlo de alguna forma. Hay otra que creo que es más importante. El Consejo de transparencia tiene que tener una infraestructura técnica adecuada para asumir todo ese trabajo, que va a ir a más. Una posibilidad que se me ocurre es que el Consejo de Transparencia tenga un letrado de plantilla, un funcionario, que estudie y elabore borradores.

¿Qué le han dicho de esa propuesta?

-Formulé esa propuesta de forma verbal y también por escrito. Mandé un escrito al consejero de Presidencia con una solicitud formal, pero tras más de un año no he tenido respuesta. Concluyo que no lo ve. Soy consciente de que no sobra personal y entiendo que no es fácil asignar a un letrado a este servicio. Lo de menos es pagar una indemnización al Consejo. Otra posibilidad es que se haga como ya han hecho otras comunidades autónomas: reducir el consejo a tres miembros con dedicación exclusiva.

¿Teme que llegue un momento en el que no den abasto?

-La tendencia es ir a más. La sensación que tengo es de que si no cambia nada, en un tiempo estaremos muy cansados. Hay que tener claro que si se quiere un Consejo de Transparencia, hay que hacerlo bien. Y la Transparencia no es gratis, cuesta dinero.

Es paradójico que al presidente del Consejo de Transparencia le contesten con silencio administrativo, uno de los males de la opacidad.

-Hay muchas administraciones que no tienen tiempo y no tienen medios, y si no llegan no es por malicia, sino porque no dan abasto. Hay pueblos donde el secretario está desbordado, y no da más de sí. Tenemos que entender que esa puede ser una razón para el silencio administrativo, y lo que habrá que hacer es ayudarle. Otra cosa es lo que yo denomino como cultura de la opacidad. Durante mucho tiempo, la opacidad ha sido la norma, se ha estudiado hasta en los temarios de las oposiciones que hay que guardar con celo esa información pública, y el funcionario llega muchas veces con ese chip. Y eso explica que en Navarra, pero como en otros muchos sitios del país, se responde con la callada por respuesta. Es algo que no pasa en otros países con sistemas democráticos de más trayectoria.

Y sin relevo a la vista. El Consejo de Transparencia se creó la legislatura pasada y, teóricamente, ya se ha cumplido el mandato del presidente, Juan Luis Beltrán. Él está al frente de un consejo formado por 12 miembros, cuatro de ellos parlamentarios y el resto representantes de instituciones -Defensor del Pueblo, Consejo de Navarra...- que tienen un perfil técnico. El mismo Beltrán, que ha sido jurista toda la vida -fue letrado mayor del Defensor del Pueblo, por ejemplo-, es uno de esos seis juristas que se encarga de analizar las quejas ciudadanas y emitir las resoluciones, que se hacen en ponencias. No es un trabajo sencillo. Es una tentación pensar que resolver esas quejas ciudadanas es sencillo, pero exige mucha consulta a jurisprudencia. Y cada vez son más quejas: más de cien el año pasado, y en lo que vamos de año son más de 35. Además, es un cargo no retribuido. Beltrán está en funciones desde abril y de momento no hay relevo.

“La sensación que tengo es que si no cambia nada, en un tiempo estaremos muy cansados, y la transparencia hay que hacerla bien”