El Parlamento de Navarra estudiar reformar el Consejo de Transparencia. Tras cuatro años de actividad, el aumento de la carga de trabajo -se han duplicado las reclamaciones con respecto al año anterior- ha aflorado una serie de desajustes que ha movido al propio Consejo a pedir esta misma semana a la Cámara que retome la propuesta que envió hace meses para reformar la estructura del organismo, que prevé que cada vez va a tener que abordar más recursos de ciudadanos que acuden al Consejo después de que la Administración -sobre todo el Gobierno, pero también ayuntamientos y otras entidades locales- se niegue a remitirles información pública.

De hecho, ahí están los números. El martes, Beltrán informó de que fueron más de 107 casos los analizados en 2021, el doble que en 2020. Pero es que en el primer cuatrimestre de 2022 ya se han registrado más peticiones que en el mismo periodo del año pasado. Es decir, que todo apunta a que la tendencia es creciente.

El Parlamento, que tiene cuatro asientos en el Consejo, no es ajeno a esta realidad. El organismo acordó por unanimidad tramitar una petición al Parlamento para abordar una reforma de la estructura que contó con el visto bueno de los partidos que tienen vocales en el Consejo -Navarra Suma, PSN, Geroa Bai y EH Bildu-.

Está clara la voluntad de hacer un cambio, y las posiciones apuntan a que cualquier cambio tendría votos suficientes. La duda está en qué tipo de reforma acometer. Lo que quiere el Consejo es contar con al menos un técnico jurídico que se dedique en exclusividad a analizar los casos y escribir los borradores de las resoluciones sobre las que luego trabajarán los doce miembros del Consejo, de los que seis son juristas en activo. Una provisión de un puesto que ya solicitó hace un año el propio presidente del Consejo al departamento de Presidencia, pero que no se concretó.

antes de 2023 Ahora, de lo que se trata es de encontrar la fórmula adecuada. De momento, los grupos no se han sentado a debatir una propuesta concreta, pero la esperanza del Consejo es que a lo largo de este año 2022 se acometa la reforma de la Ley de Transparencia, de tal manera que quede zanjada antes de que el Parlamento se sumerja de lleno en la vorágine electoral. El Consejo entiende que se trata de una reforma “imprescindible” para el sostenimiento del órgano, que no paga ninguna dieta ni indemnización a ninguno de sus miembros por un trabajo que cada vez va a más.

Hay otras posibilidades, pero gustan menos que la de pedir un técnico al Gobierno. Una podría ser implantar un sistema de indemnizaciones por emitir las resoluciones, un dinero que no fuera muy elevado pero que al menos sirviera para reconocer el valor de ese trabajo. Otra de las opciones es la que ya se han visto en algunas comunidades autónomas: un cambio radical del Consejo, una aminoración de sus miembros y su sustitución por juristas que se dediquen en exclusividad a tramitar los casos, como en el caso de Catalunya. Allí, el Parlament elige a dos directores en régimen de dedicación exclusiva que cuentan con un consejo de diez funcionarios en régimen de cuarenta horas semanales.