Geroa Bai propone ampliar hasta 2015 el espacio temporal cubierto por la nueva Ley de Memoria Democrática que se tramita en las Cortes Generales. Actualmente el plazo al que hace referencia la nueva normativa termina en 1983. De esta forma, señala la coalición, la ley incluiría a “todas las víctimas de violaciones de derechos humanos”, también a las víctimas de la violencia policial y del Estado o a quienes han sufrido torturas.
El senador autonómico, Koldo Martínez, ha presentado un total de 158 enmiendas a la ley, que tras recibir el visto bueno del Congreso inicia ahora su trámite en el Senado. Según ha argumentado la formación, buscan “mejorar el texto” aprobado en el Congreso que, a su juicio, “presenta déficits muy importantes”.
En concreto, y en referencia al Monumento a los Caídos de Pamplona, propone que “sean considerados elementos contrarios a la memoria democrática” las edificaciones, construcciones, escudos o de más símbolos que en los que se hayan realizado en el pasado menciones conmemorativas en exaltación de la sublevación militar o de la dictadura. En ese sentido, reclama que las instituciones o personas jurídicas titulares “sean responsables de su retirada, eliminación parcial o total o resignificación completa, sin que exista limitación alguna en la intervención a realizar sobre dichas edificaciones o construcciones por parte de los poderes públicos”.
Por otro lado, y tras el acuerdo alcanzado entre EH Bildu y el Gobierno de España para la recuperación del Fuerte de San Cristóbal y su reconversión en un espacio de memoria, Geroa Bai pide una partida en los presupuestos del Estado por 35 millones. “Sin esa financiación inicial, seguida de la anualmente necesaria para su mantenimiento, la proclamación del Fuerte como Lugar de Memoria será un brindis al sol, un acto de propaganda más, pero no un auténtico pronunciamiento sincero de memoria”, ha criticado Koldo Martínez.
"Si el Estado no financia la recuperación del Fuerte de San Cristóbal, el anuncio será solo un brindis al sol"
Extender la ley hasta 2015
El senador de Geroa Bai propone en este contexto que la Ley de Memoria Democrática se aplique “a todos los actos de violencia ilegal e ilegítima acontecidos hasta 2015”. Martínez toma esa fecha como referencia porque “los últimos casos de tortura denunciados están fechados en 2014”.
En su defecto, también propone, como alternativa, extender el arco temporal de la ley hasta el 20 de septiembre de 1989, fecha en la que un paquete bomba acabó con la vida del cartero José Antonio Cardosa, acción considerada como la última de la guerra sucia.
En defensa de sus iniciativas, Koldo Martínez argumenta que “no va a haber muchas oportunidades para restaurar la memoria y el reconocimiento de las víctimas del franquismo y del terrorismo de Estado practicado durante la primera etapa de la democracia, una democracia incompleta, ya que aún mantiene ocultos a los responsables de asesinatos como los de los navarros Germán Rodríguez o Mikel Zabalza y otras muchas víctimas de la represión policial”. “Por eso hemos querido desde Geroa Bai que la ley llegue hasta la última víctima del terrorismo de Estado, para no dejar a nadie atrás”, defiende el senador.
Censo de víctimas y victimarios
En otras enmiendas a la ley el senador de Geroa Bai propone que no se pongan dificultades a la investigación histórica de las violaciones de derechos humanos ocurridas desde 1936, que se cree un censo de datos no solo de víctimas sino también de victimarios, así como incluir en el listado de víctimas a los sacerdotes asesinados por los golpistas y todas las personas represaliadas durante el franquismo y la transición, y que “se impulse la reparación integral, no solo moral, como recoge la ley aprobada en el Congreso” de las víctimas.
Koldo Martínez también ha enmendado varios artículos de la ley para recordar que en algunas Comunidades Autónomas como Navarra, desde 2015, con el Gobierno de Uxue Barkos, o Euskadi, a diferencia de lo que ocurre en el Estado, ya existen Bancos de ADN y Escuelas de Memoria, por lo que los que ahora se impulsen en el Estado deberán coordinarse con estos.
“Si la ley no recoge todos estos aspectos, quedará coja y no responderá a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que debemos a todas las víctimas” ha afirmado Koldo Martínez, que considera que esos principios “deben ser respetados en su integridad para que como sociedad lleguemos a lograr la verdad sanadora que nos conduzca a una auténtica convivencia”.
