Dos leyes, dos recursos de inconstitucionalidad y múltiples trámites administrativos después, Navarra comienza los trabajos para reconocer a las víctimas de la violencia policial y del Estado. Mañana se constituye formalmente la comisión de reconocimiento y reparación que, bajo criterios técnicos y profesionales, debe decidir a qué personas se les reconoce oficialmente como víctimas de la violencia.
La creación de la comisión ha tenido un proceso largo y complicado. Recogida en la ley aprobada por el Parlamento de Navarra en 2015, fue anulada por el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno del PP, que le negaba al nuevo ente la capacidad de investigar y fijar hechos “al margen del poder judicial”. El problema es que casos como los de Germán Rodríguez, Mikel Zabalza o Gladys del Estal nunca han sido juzgados y, por lo tanto, carecen de una verdad judicial que permita reconocerlas como víctimas.
Es lo que tratará de solventar ahora la nueva comisión, cuyos objetivos quedan matizados en la ley aprobada en 2019, en los que se subraya el papel administrativo de la entidad dependiente del Gobierno de Navarra. Pese a los recursos del PP y de Vox, el Constitucional acabó avalando la nueva norma, que recientemente ha ha habido que adaptar para poder acometer las indemnizaciones. Finalmente se han equiparado a las de las víctimas de ETA.
Amparo institucional
Se trata, según argumenta el Gobierno de Navarra, de “dar amparo a un conjunto de víctimas que no encontraban acomodo en la legislación previa”. En este sentido, el Ejecutivo defiende que “toda víctima tiene el derecho a ser reconocida y reparada, de manera individualizada, sin equiparaciones sobre las causas de su victimización, sin marginaciones ni exclusiones”.
La Comisión estará compuesta, además de por el director de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza; y del director del Instituto Navarro de la Memoria, Josemi Gastón; por dos peritos forenses y un psicólogo con experiencia en materia de víctimas, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal. Además, a propuesta del Parlamento de Navarra, participan la profesora de Sociología de la UPNA, Marta Rodríguez; el asesor de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Mikel Berraondo; y los profesores de Derecho de la UPNA Roldán Jimeno y Soledad Barber.
Una vez constituida formalmente, la Comisión de Reconocimiento y Reparación deberá analizar las solicitudes de petición de condición de víctima de motivación política. Por ahora no hay plazos claros. Primero hay que definir la dinámica de trabajo y fijar criterios para el análisis de cada caso. Las resoluciones dependerán además de cuándo se presenten las solicitudes, pero los primeros trabajos de análisis podrían comenzar a final de año. De forma que algunos casos de violencia policial y del Estado, oficialmente sin esclarecer, puedan ser reconocidos antes de que finalice la legislatura el próximo mes de mayo.
