La aportación de Navarra al Estado, la cuantía que la Comunidad Foral paga al Gobierno central a modo de solidaridad interregional por las competencias no transferidas, ha crecido cerca de un 20% en los últimos dos años. De los 535 millones que la Hacienda foral transfirió al Ministerio en 2021 se ha pasado a los 635 millones que el Gobierno de Navarra prevé pagar el próximo año, más de 950 euros por habitante. Se trata de la tercera partida más alta del presupuesto de Navarra después de Sanidad (1.256 millones) y de Educación (892).
La cifra está recogida en los presupuestos de 2023 y supone un incremento de 100 millones, por encima de la inflación y de la subida que han tenido otras partidas del presupuesto. Se trata de una estimación provisional, pendiente de que ambas administraciones revisen los criterios del pago que Navarra debe hacer a las arcas del Estado por los servicios en los que no tiene competencia propia. La estimación que ha realizado el Gobierno central en sus presupuestos es incluso superior, de 645 millones, aunque mantiene una progresión similar a la de Navarra. De los 540 previstos por el Estado en 2021 se ha pasado a los 645 millones que recoge sus cuentas para 2023.
Lo que Navarra aporta al Estado
Pendiente de actualización
En virtud del Convenio Económico, Navarra cuenta con autonomía fiscal y financiera. Recauda los impuestos, –algunos como el IRPF con competencia directa y otros como el IVA con el criterio que se determina en Madrid– y luego abona una parte al Estado. Es lo que se conoce como la aportación, que se determina en base a diversas fórmulas financieras de cierta complejidad. Por un lado, asume el 1,6% de aquellos gastos en los que no tiene competencia, como Defensa, deuda pública o prestaciones de la Seguridad Social. Y por otro, aporta un porcentaje de su recaudación en base a las previsiones que tiene el Estado. Todo ello se revisa cada cinco años.
Ocurre que los ingresos del Estado han sido muy elevados en los dos últimos dos años en impuestos como el IRPF, Sociedades o IVA, y de la misma forma lo son también las estimaciones para el ejercicio siguiente. Pese a incertidumbre que rodea al contexto económico, el Gobierno de Sánchez prevé crecer el próximo año un 2,1%, frente al 1,4% que ha estimado el Banco de España.
La cifra en cualquier caso es provisional. Dependerá de la evolución económica durante los próximos meses y, sobre todo, de la actualización de los criterios que puedan pactar el Ministerio de Hacienda y el Gobierno foral. El actual cálculo está realizado sobre las bases fijadas por ambas administraciones en 2017 para el periodo 2015-2019. Aquel acuerdo permitió reducir notablemente la cantidad que venía abonando Navarra en la salida de la crisis financiera y recuperar parte del dinero adelantado los años anteriores, pero se ha vuelto a disparar ahora.
Las negociaciones siguen abiertas pero sin éxito todavía pese a que la consejera de Hacienda, Elma Saiz, llegó a dar por hecho el acuerdo en septiembre de 2020. El Gobierno foral confía no obstante en cerrar pronto las bases del quinquenio 2020-2024 para ganar algo de margen con el que cuadrar un presupuestos que viene muy apretado.
EL CONVENIO ECONÓMICO
- Convenio Económico. Es la ley que regula la autonomía financiera. Navarra recauda los impuestos, y luego paga una parte al Estado por las competencias que no tiene transferidas. Ahí se incluyen los intereses de la deuda pública, las prestaciones sociales o el pago al presupuesto de la UE.
- Índice de imputación. Esa parte que Navarra paga al Estado se determina en base al índice de imputación. Está fijado en el 1,6%. Eso supone que por cada 100 euros de los presupuestos del Estado, paga 1,6.
- Aportación. La cuantía final que Navarra paga en base a ese 1,6% y otras fórmulas de ajuste fiscal y tributario se conoce como Aportación. Es el equivalente al Cupo del Concierto Vasco.
- Año base. La Aportación se revisa cada cinco años. Se fijan los criterios en un año base y la fórmula se repite los cuatro siguientes. Si este cálculo no se actualiza cuando toca se prorroga con los mismos criterios y se ajusta la diferencia cuando se acuerde el nuevo el año base. El actual está prorrogado desde 2020.
