El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pedido a Francia ampliar la entrega de la dirigente de ETA María Soledad Iparraguirre, "Anboto", para poderla procesar por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco en julio de 1997.

El magistrado, que el pasado verano reabrió esta causa tras admitir una querella de Dignidad y Justicia contra la cúpula de ETA por su presunta responsabilidad en este crimen, ha acordado en un auto emitir una Orden Europea de Detención (OED) a las autoridades de Francia que acordaron la entrega de Anboto a España en 2019.

Lo hace para obtener su consentimiento para poder procesarla por el crimen del concejal después de que la investigada manifestara en declaración judicial que no accede a ser entregada al Estado español por estos hechos ni renuncia al principio de especialidad.

García Castellón recuerda que Anboto fue entregada a España con anterioridad a que se formalizara su imputación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, por lo que, de acuerdo con el principio de especialidad, el Estado miembro que desee procesar o condenar a una persona por un delito cometido antes de su entrega en ejecución de una orden distinta de la que motivó su entrega deberá obtener el consentimiento del otro país que acordó su entrega.

"Por tanto, para poder procesar por los hechos nuevos a la persona que se acoge al principio de especialidad, resulta necesario la emisión de una segunda orden de detención europea", tal y como tiene declarado el TJUE, afirma el juez.

En relación con los hechos objeto de la entrega, el auto recuerda que la investigada era la responsable de los comandos legales de ETA e integrada en la cúpula ejecutiva de la organización en la época que se cometió el secuestro y asesinato del concejal de Ermua.

En otro auto, el magistrado desestima la solicitud del PP en esta misma causa para que se acuerde ya el procesamiento de varios exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Considera el juez prematura la solicitud al estar pendientes todavía varias diligencias de investigación.

Tras recibir un informe de la Guardia Civil que apuntaba a la responsabilidad de la dirección de ETA en el atentado, el magistrado imputó a los exjefes etarras Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza; su pareja María Soledad Iparraguire, 'Anboto'; Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería' y José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'.

En esta causa ha surgido la controversia sobre la prescripción de los delitos, un asunto que la Fiscalía se comprometió a estudiar en una junta de fiscales de Sala que aún no se ha celebrado.