Sánchez cierra la grieta con Podemos tras pactar con Bildu y ERC la Ley de Vivienda

El presidente español despeja también del tramo final de la legislatura la principal ley que le quedaba por aprobar y que además había prometido a Bruselas, lo que le facilitará de paso centrarse a partir del 1 de julio en su mandato de turno en el Consejo de la Unión Europea. Podemos, cuya ministra Ione Belarra se ha implicado en las negociaciones (también Yolanda Díaz), opinó que es con Bildu y ERC con quienes se avanza en derechos. Sánchez cedió el protagonismo a la coalición abertzale y a los republicanos catalanes, y él se limitó a ensalzar el pacto a través de un tuit, donde lo encumbró como un “acuerdo histórico” porque el Estado español carece de una Ley de Vivienda.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute y la representante de ERC, Pilar Vallugera, fueron los encargados de desvelar los ejes el acuerdo. Entre ellos, destaca que el precio de los alquileres se limitará por debajo del IPC: se mantendrá este año el 2% pactado tras la guerra en Ucrania, en 2024 será del 3% (el IPC de marzo se ha situado en el 3,3%, de manera que, a la luz de esas cifras, no causaría un terremoto), y a partir de 2025 se fijará un índice que no podrá superar el IPC. Se amplían las zonas tensionadas en las cuales se deberá aplicar un índice de contención especial, aún por definir: las zonas ya no tendrán que cumplir varios requisitos al mismo tiempo, sino que bastará con que el coste de la vivienda y los suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores. Además, la ley no solo afectará a los grandes tenedores de vivienda, sino que los pequeños propietarios tendrán que atenerse a su propio tope, que consistirá en indexar los precios al contrato anterior.

COMPETENCIAS

Pero, ¿cómo afecta esta ley a las competencias en vivienda de las comunidades autónomas o de algunos ayuntamientos? Esta ley deja en manos de las comunidades la declaración de una zona como tensionada. Es decir, es una decisión voluntaria y el Estado no la impone. En ese campo hay libertad, aunque la ley sí fija las condiciones que se deben cumplir para que esa zona sea tensionada, lo que significa que las comunidades no podrán fijar sus propios criterios. Si quieren declarar una zona tensionada, tendrán que seguir la guía de las condiciones de esta ley.

En cuanto al diseño concreto del índice de contención de precios que se tendrá que aplicar en esas zonas, existe también una salvaguarda competencial, y se dice que se “respetarán” los índices autonómicos que ya existan. Pero se habla de las comunidades donde ya “existan” esos índices y se menciona en concreto a Catalunya, que vio cómo el Estado recurrió su normativa ante el Tribunal Constitucional. ERC ha blindado su caso.

El Gobierno vasco pactó con EH Bildu en los Presupuestos para 2022 establecer un sistema de control de precios del alquiler privado cuando la normativa estatal lo permitiera, de manera que Euskadi no tiene aún ese índice. El acuerdo habla de los índices que ya existen, lo que siembra ciertas dudas sobre los que se pacten en el futuro y sobre la posibilidad de tener autonomía en el diseño.

Los portavoces de EH Bildu y ERC explicaron que la definición de ese índice se llevará a cabo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, y que los que ya existan simplemente se publicarán y se homologarán. En Euskadi, la consejería del área dentro del Gobierno de coalición PNV-PSE la gestiona el socialista Iñaki Arriola, y ya hay Ley de Vivienda.

En el acuerdo (siempre según las seis páginas de resumen facilitadas por EH Bildu y ERC), figura otro punto que brinda cierto margen de maniobra, pero con límites y solo en una dirección. Es el referido a los grandes tenedores de vivienda, donde hasta la fecha estaba previsto que fueran considerados como tales aquellos que tuvieran 10 inmuebles, pensando sobre todo en los fondos buitre y de inversión que practiquen la especulación. Ahora se ofrece a las comunidades la posibilidad de rebajar el límite hasta la propiedad de 5 inmuebles en una misma zona tensionada. Pero los criterios, nuevamente, vienen dados, y tampoco se permite tener manga ancha y relajar los requisitos a once o quince inmuebles, por ejemplo.

El PNV mantuvo conversaciones al inicio de la tramitación para blindar las competencias vascas, una reivindicación que lideró. Parecía que el Gobierno español tenía voluntad, pero el Ejecutivo dejó en suspenso ese diálogo y, a partir de entonces, se centró en transaccionar este proyecto en exclusiva con ERC y EH Bildu. En este contexto, la coalición abertzale y los republicanos dan por blindadas las competencias, y dicen que se ha pasado de una ley que contenía “numerosas invasiones competenciales a una ley habilitante” que ofrece seguridad jurídica y capacidad para actuar. El PNV había pedido en el debate de las enmiendas a la totalidad una percha mínima para poder regular los precios desde las comunidades.