Dos meses después de las elecciones, y tras una negociación que solo se ha precipitado la última semana, llegan ahora las prisas. La mayoría parlamentaria que apoya la investidura de María Chivite había planteado para este sábado y domingo el debate parlamentario, de forma que la toma de posesión del nuevo Gobierno tuviera lugar a mediados de la semana próxima. Pero estas fechas han quedado en el aire después de la queja de UPN, que ha mostrado formalmente su oposición a modificar los plazos que marca el reglamento.
Se trata al final de una cuestión meramente procedimental que no va alterar el resultado de la votación. Pero apunta también un primer aviso del partido de Javier Esparza, que no está por la labor de facilitar las cosas. “No entiendo por qué se tiene que forzar la maquinaria para irnos de vacaciones”, critica el dirigente regionalista.
Interpretación del reglamento
Cerrado el acuerdo político, llega ahora el momento de llevarlo a la práctica. Tras la petición formal de Chivite para llamar al pleno de investidura, la candidata socialista ha firmado este miércoles su aceptación. Previamente ha tenido lugar la ronda de contactos del presidente, Unai Hualde, con los portavoces parlamentarios para conocer su disposición y dar luz verde a todo el trámite parlamentario. La fecha definitiva la tiene que fijar este jueves la Mesa del Parlamento.
Y es ahí donde han surgido los problemas. Según recoge el reglamento, el pleno de investidura se tiene que celebrar “tres días después” de que la Mesa y Junta de Portavoces aprueben su convocatoria. Esta tendrá lugar este miércoles por lo que, según el plazo establecido, el pleno tendría que ser el próximo lunes. Y, en caso de no haber mayoría absoluta como parece probable, habrá una segunda votación 24 horas después. Una vez publicado en el BOE, Chivite tomaría posesión, algo que tendría que hacer a finales de la semana que viene.
Pero los socios de Gobierno quieren adelantar el proceso unos días, al sábado y el domingo. Porque el 28 de agosto, fecha tope para evitar una repetición electoral está a la vuelta de la esquina y retrasar la investidura puede dificultar un segundo pleno en caso de error en la votación o cambio de opinión de algunos grupos.
Argumentan que aunque el reglamento fija tres días de plazo también se reconoce al presidente de la Cámara la potestad para reducirlo, algo que ya ha ocurrido otras veces con otro tipo de iniciativas parlamentarias. “Por tratarse de un plazo no previsto en el Amejoramiento, sino en el reglamento, es susceptible de ser reducido por dos vías, por decisión de la Presidencia del Parlamento o por decisión de la Mesa”, defendió este miércoles Hualde.
Pero esta vez hablamos de un pleno de investidura, y eso es ya cosa seria. No hay dudas jurídicas, según los servicios jurídicos del Parlamento, pero UPN amenaza con cuestionar la decisión, empañando la elección de Chivite por una mera formalidad administrativa. Y ese es un riesgo que los socios del Gobierno quizá no quieren correr.
La decisión queda ahora en la Mesa del Parlamento, compuesta por dos miembros de UPN y un miembro respectivamente de PSN, Geroa Bai y EH Bildu. Y en última instancia en el presidente del Parlamento, Unai Hualde, que se ha posicionado en favor de celebrar el pleno lo antes posible. “Hay que dejar margen a que pudiera resultar fallida para poder tramitar posteriores propuestas de investidura”, defiende.
Algo que no comparten los regionalistas, que rechazan que la reducción del plazo esté motivada por una “urgencia inaplazable”, lo que podría vulnerar el derecho de los parlamenarios a acudir al pleno. “Dicha vulneración del derecho podría dar lugar a que la investidura pidiera resultar ilegal por un defecto de forma con consecuencias jurídicas difíciles de prever”, advierte UPN.
