Pedro Sánchez ha escenificado este sábado que ha puesto la quinta marcha con rumbo a su investidura una vez consumado el fracaso de Alberto Núñez Feijóo, y en puertas de recibir previsiblemente el encargo del rey español este martes para buscar los respaldos necesarios que lo permitan seguir en La Moncloa. Tiene el combustible necesario, tras recibir respaldo de los suyos para negociar con los nacionalistas vascos y catalanes en un mitin en Andalucía con todo el partido entregado. Pero, cuando parecía que Sánchez estaba abocado a lanzar algún anuncio clave, echó el freno y se cambió de carril para volver a centrarse en las medidas sociales.
Sánchez necesita el respaldo de todos los nacionalistas vascos y catalanes, de PNV, EH Bildu, Junts y ERC, y en las últimas semanas ya han circulado informaciones que apuntan a que la amnistía por el procés estaría relativamente avanzada. Sin embargo, en pleno aniversario del referéndum catalán del 1 de octubre, tanto Junts como ERC han avisado desde el Parlament de que la amnistía no será suficiente y exigen un referéndum al que se resisten los socialistas. En este contexto, Sánchez ha prometido este sábado que trabajará por una investidura “real” y ha recibido el espaldarazo de los suyos. Pero, al mismo tiempo, ha esquivado por completo el reto territorial en un mitin en la localidad sevillana de La Rinconada y ha jugado en el terreno que le resulta más cómodo, las promesas sociales.
Sánchez prometió “trabajar” para conseguir esa investidura y el público coreó “presidente, presidente”, en un momento de tensión por las críticas de históricos como Felipe González, quien precisamente es andaluz. Pero Sánchez solo concretó que garantizaría por ley que el salario mínimo interprofesional alcance el 60% del salario medio, pedirá la confianza del Congreso para aportar 5.000 millones de euros al año a la hucha de las pensiones para que los jóvenes también tengan asegurada su jubilación en el futuro, lanzará la Ley de Paridad para que las mujeres tengan una representación equitativa del 50% en los órganos públicos y privados, y la vivienda sería “la gran causa nacional”, referencia esta última que puede ser delicada si se traduce en actuaciones como la Ley de Vivienda que ya rechazaron PNV y Junts por invasión competencial, y que finalmente también ERC respaldó llevar al Constitucional.
Estos compromisos concretos los anunciará en el pleno de investidura. No mencionó el referéndum, la amnistía ni a los nacionalistas vascos y catalanes, a pesar de que las intervenciones de los cargos socialistas que lo habían precedido parecían anticipar alguna clarificación al respecto. Sus teloneros habían defendido la obligación de Sánchez de garantizar la convivencia dentro del Estado y habían recriminado al PP que critique la negociación con los nacionalistas vascos y catalanes cuando es el PSOE quien necesita su respaldo, y no al revés. Y el propio PSOE andaluz acaba de pedir en el Parlamento que se mejore el autogobierno de su comunidad. Sánchez solo se refirió de manera genérica a que durante su etapa se ha recuperado el diálogo y a que impulsará “un Gobierno progresista, con cuatro años más de avances sociales y de derechos para los españoles, de convivencia y de concordia”.
Ahí tiene pendiente la carpeta vasca además de la catalana porque, aunque Sánchez se haya centrado en las últimas semanas en lanzar guiños a Junts y ERC con las lenguas cooficiales en Europa o la amnistía, el respaldo del PNV también es imprescindible. En su caso, además del reconocimiento nacional de Euskadi, tiene pendiente el cumplimiento de los compromisos que dejó en la estacada, como las transferencias que recoge el Estatuto de Gernika.
"Eso es lo que va a pasar, cuatro años más de convivencia"
Sánchez anunció “cuatro años más de convivencia”. “Es lo que va a pasar”, dio por hecho, aunque admitió que va a tener que trabajar y se va a “dejar la piel”. El socialista había comenzado asegurando que tiene la fuerza necesaria y más argumentos que nunca, pero no realizó anuncios sobre la amnistía. Era su primer discurso tras la investidura fallida de Feijóo, y quizás esté esperando a recibir el encargo del rey, o haya tratado de contrapesar los futuros guiños en materia territorial con anuncios sociales.
¿Una vía para votar?
En la anterior legislatura, Sánchez se comprometió con ERC a someter a votación el acuerdo que alumbrara la mesa de diálogo, y esa mesa podía dialogar sin límites sobre su contenido. El escaso recorrido de esta fórmula parece indicar que los soberanistas catalanes exigirán compromisos más concretos e inmediatos. Durante años se especuló con la convocatoria de un referéndum no vinculante con el artículo 92 de la Constitución española, pero hay quien cuestiona que se pueda realizar solo en una parte del Estado (en Catalunya) y que incluya la independencia. Está por ver si el PSOE plantea alguna propuesta creativa que no recoja expresamente la independencia pero sí un enganche para votar el futuro de Catalunya, con no solo una sino varias preguntas y alternativas posibles.
Page y la suspensión de la amnistía
Uno de los barones más centralistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, puso el contrapunto para avisar de que la repetición electoral es posible: confía en que Sánchez hará “todo lo que pueda” para resistirse a gobernar con “una camisa de fuerza” del independentismo. Y añadió que el Constitucional tendrá que revisar la amnistía y suspender su aplicación para no encontrarse en la tesitura de que Puigdemont vuelva y después llegue un varapalo judicial.
