La falta de recursos deja al borde del colapso el Consejo de Transparencia navarro

Así lo ha indicado en una comparecencia parlamentaria, en la que ha destacado que, desde la creación de la entidad hace seis años, "no se han asignado medios personales". Lo que lleva a que "toda la labor" del Consejo la realiza "fundamentalmente" la Secretaría del Consejo. Según ha apuntado, de las 80 reclamaciones presentadas, 28 han sido elaboradas por la Secretaría, 24 por la Presidencia y el resto por los juristas del Consejo.

Beltrán, que ha presentado la Memoria de Actividad de 2022, ha explicado que el Consejo celebró 10 sesiones, realizó 103 acuerdos, 80 de ellos resolviendo reclamaciones.

La cultura de la rendición de cuentas sigue sin calar en Navarra

Según ha indicado, la Administración foral recibió el año pasado 435 solicitudes, se resolvieron prácticamente el 97%, se estimaron el 84% y se inadmitieron 36, el 10%, siendo Navarra la comunidad "que menos inadmite", frente al 20% estatal y el 15% de media de las Comunidades Autónomas. Por otro lado, se presentaron 35 reclamaciones, el 8% de las solicitudes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona ha recibido 54 solicitudes, 45 estimadas y dos inadmitidas, y ha recibido tres reclamaciones.

Beltrán ha indicado que Navarra está "muy por debajo" de la media de solicitudes de acceso a la información, con 67 por cada 100.000 habitantes, frente a los 420 de media europea. En cuanto a las reclamaciones, la Comunidad foral se sitúa más cerca de la media, con 12,3 por cada 100.000 habitantes frente a las 20 de media europea.

El Consejo recibió el año pasado 79 reclamaciones y resolvió 80 (alguna procedente del año anterior). La mayoría de reclamantes son hombres (55%), seguido de personas jurídicas (28%) y las mujeres (17%).

Del total, 29 fueron hacia la Administración de Navarra, 46 a entidades locales (43 ayuntamientos, 2 mancomunidades y 1 concejos) y tres al resto de entidades públicas. El Consejo ha resuelto el 100% de las reclamaciones en un plazo medio de 45,6 días, por debajo de los 90 días que fija la ley.

Juan Luis Beltrán ha explicado que la principal causa de las reclamaciones son por silencio administrativo (77%), algo que aumenta año tras año y que afecta mayoritariamente a las entidades locales, con 43 de las 46 reclamaciones recibidas.

Entre las causas de este silencio administrativo, ha señalado los "pocos medios materiales y humanos" de los consistorios con menos de 1.000 habitantes. A ello ha sumado la "desidia por parte del responsable de contestar" y el "deseo expreso de no contestar" a esa información.

Beltrán ha valorado que la colaboración con las instituciones es "en general buenas" si bien ha llamado la atención ante 12 procedimientos en los que no se remitió al Consejo la documentación solicitada por parte de Cortes, Murchante, Olite, Villafranca, Sorauren, Alsasua, Pamplona, Lodosa, Buñuel y el Departamento de Derechos Sociales.

Asimismo, ha destacado que en Navarra se han ejecutado el 100% de las resoluciones del Consejo, frente al 10,7% de incumplimientos a nivel estatal y el 33% de las Comunidades Autónomas. Lo que se debe, en su opinión, a la Ley Foral de Transparencia que contempla "medidas coercitivas".

Denuncias por no cumplir el deber de publicidad activa

Finalmente, en cuanto al cumplimiento de la publicidad activa, se han recibido tres denuncias. Una al Ayuntamiento de Cabanillas, por no publicar contratos de asesoramiento jurídico y urbanístico; otras al Departamento de Economía y Hacienda, "por no publicar los informes de fiscalización interna"; y la tercera a INTIA "por no publicar modificaciones de contratos públicos que había realizado en el año 2022".

En su opinión, la Administración de la Comunidad foral y el Ayuntamiento de Pamplona lo hacen "bastante bien" en cuanto al nivel de información de publicidad activa, mientras que el reto de entidades locales lo hacen "muy mal" al tener portales de transparencia con "muy pocos datos y desactualizados" o, sencillamente, no cuenta con este portal.

Los grupos coinciden en dotar de más recursos al Consejo

En el turno de los grupos, la portavoz de UPN, Marta Álvarez, ha compartido la necesidad del Consejo de "contar con personal propio" y ha considerado "preocupante" el aumento de reclamaciones por silencio administrativo. Lo que refleja, ha opinado, "un importante oscurantismo por parte de las administraciones".

Por otro lado, se ha mostrado favorable a un modelo de Consejo de Transparencia en el que haya "un apoyo muy grande a través de técnicos" en vez de la "designación política" por parte del Gobierno y el Parlamento.

El socialista Javier Lecumberri ha considerado que hay una "visión positiva" en el aumento de reclamaciones, que se producen, a su entender, porque "los ciudadanos están mejor informados, los conocen que hay un Consejo y el Consejo resuelve situaciones que hasta ahora no se resolvían". Ha rechazado que las entidades locales quieran "ocultar información" sino que "no son capaces de cumplir una ley que tiene un gran trabajo administrativo".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha destacado la importancia del Consejo y ha afirmado que "si nos creemos" la transparencia, "todo lo demás vendrá rodado" en cuanto a las necesidades presupuestarias y técnicas. Ha planteado la necesidad de una "resolución" ante la carencia de personal para que la labor de la entidad "no sea algo tan altruista". Ha lamentado, además, que el silencio administrativo es un "problema crónica" y ha abogado por acabar con "esa cultura de la opacidad".

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha lamentado la "precariedad" con la que trabaja el Consejo de la Transparencia que "se suple con los propios miembros" de la entidad. Ha abogado por "dar una vuelta" a su estructura a través de la inclusión de "un administrativo y una persona jurídica para llevar a cabo parte" de su labor. También ha llamado la atención ante el aumento de reclamaciones por silencio administrativo, "la antítesis de la transparencia", que ha atribuido a que las administraciones locales "no están preparadas".

La representante del PPN Maribel García Malo ha puesto en valor el trabajo "precario pero impecable" del Consejo de Transparencia. Ha criticado que, año tras año, los problemas se repiten pero "todo sigue igual" y ha incidido en la necesidad de hacer "una apuesta real por que tenga un mínimo de estructura que apoye al Consejo". Y ha destacado la importancia de que la información "esté accesible" al ciudadano.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha señalado que "esto al final depende de si nos creemos o no" la transparencia y ha advertido de que "puede dar lugar a que la población sienta cierta ruptura con la Administración y que deje de sentir que tiene un servicio a su disposición". "De ese convencimiento depende que dotemos de los medios necesarios y que se forme a las administraciones públicas", ha remarcado. Ha considerado que el aumento de reclamaciones "en general es bueno porque puede ser que aumenta la cultura de la transparencia".

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, se ha mostrado "asombrado" por la labor que realiza el Consejo con tan "escasos recursos" y ha puesto en valor su "austeridad". Ha criticado que "se van sucediendo los años pero no se ponen soluciones; está en nuestra mano tomar decisiones para ayudar al Consejo si queremos que continúe". Y ha mostrado su preocupación por el aumento de reclamaciones por silencio administrativo, debido a que las entidades locales "es obvio que no tienen medios".