UPN señala a Elma Saiz (PSN), exconsejera de Hacienda, como la responsable de no acudir a la Fiscalía cuando desde el departamento le advirtieron que la compra urgente de mascarillas en lo peor de la pandemia podía contener irregularidades. El caso generó cierta polémica por la responsabilidad en los pagos entre los socios –una empresa, Sodena y la CEN–, y terminó con las mascarillas cogiendo polvo en un almacén y la gerente de Sodena, Pilar Irigoyen, cesada.
Ayer, la parlamentaria Marta Álvarez (UPN) compareció tras tener conocimiento de una nota informe elaborada por el jefe de la sección de control jurídico de la Dirección General de Intervención, Ignacio Amatriain, que concluye que hubo “culpa grave” en quien tomó la decisión de firmar este convenio y, por tanto, indicios de “responsabilidad contable” y de “delito”. Con lo cual, la anterior consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, “debería haber acudido a la Fiscalía” y no a Comptos.
La parlamentaria recordó que este caso terminí con “las mascarillas donadas a una ONG cuando la mayoría estaban a punto de caducar”.
Explicó que el anterior consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, explicó en una comparecencia parlamentaria que el cese de Irigoyen al frente de Sodena vino motivado por que la entonces consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, y el director de Intervención “le advirtieron de que podía haber indicios de delito” en el convenio de compra de mascarillas y que el informe remitido a Comptos “iba acompañado de papeles de trabajo con posibles evidencias de negligencia y responsabilidad contable”.
