El Defensor del Pueblo registró 620 quejas contra la Administración foral en 2023

Los datos emanan de un informe de Comptos que constata la buena situación que vive la institución. De las 3.583 actuaciones, el 52 % corresponde a las consultas atendidas en la oficina de atención ciudadanía y el 40% a la gestión de quejas.

El informe analiza las cuentas de la institución de 2023 y el cumplimiento de la legalidad de la institución, cuyo titular es Patxi Vera, que tomó posesión en marzo de 2022 después de que lo eligiera el Parlamento.

El Defensor del Pueblo está sometido al mismo régimen que el Parlamento Foral a efectos de contabilidad, intervención, autorización de gastos y contratación. Su proyecto de presupuestos se integra en los presupuestos generales de Navarra y sus cuentas forman parte de las cuentas generales de Navarra.

En el pasado ejercicio gastó 950.000 euros, de los que 705.000 corresponden a personal. A 31 de diciembre de 2023, trabajaban en la institución 9 personas, de las que 6 son eventuales y 3 funcionarios.

El informe señala que las cuentas del Defensor del Pueblo expresan correctamente la situación patrimonial y financiera, el estado de liquidación del presupuesto de 2023 y el resultado económico al final del ejercicio. El análisis de legalidad también es positivo porque la actividad económico-financiera de la institución se realiza respetando la normativa vigente

POLÍTICA MIGRATORIA

Por otra parte, Vera ha abierto una actuación de oficio con los Departamentos de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo y de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno foral para conocer su “disposición” acerca de la distribución, entre comunidades autónomas, de las personas migrantes que se encuentran en Canarias.

Esta actuación ha venido motivada a raíz de la petición de colaboración que le ha formulado su homóloga canaria, la Diputada del Común, María Dolores Padrón, ante la “crítica situación” en que se encuentra el archipiélago por el “flujo constante de personas migrantes que llegan buscando un futuro mejor y más seguro”.

Según la defensora canaria, “las infraestructuras y recursos disponibles en nuestro archipiélago no son suficientes para proporcionar una acogida digna y adecuada a todas estas personas, especialmente a los y las menores no acompañados”.

Tal y como recuerda el Defensor del Pueblo en una nota de prensa, ante esta situación, el Gobierno de España ha tomado la iniciativa de promover una modificación de la Ley de Extranjería que “garantice una distribución adecuada de las personas migrantes y, en concreto, de los menores de edad entre las diferentes comunidades autónomas”.

En este sentido, en el último informe anual, de 2023, de forma similar a los de ejercicios precedentes, la institución ha animado a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a que “se continúe con la atención a menores extranjeros no acompañados, mejorando en todo lo posible los programas correspondientes y la coordinación con otras Administraciones”.