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El exconsejero madrileño Alberto Reyero declara como testigo en la causa de las residencias
Reyero ejerció como consejero de Políticas Sociales en los primeros meses de la pandemia y dijo en 2020 que los protocolos no eran éticos ni eran legales
El Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés ha citado este martes a declarar como testigo al exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero en la segunda causa judicial abierta contra exaltos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por la gestión de la pandemia en las residencias de la región.
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En la misma jornada, también comparecerán ante el juez al exasesor del Gobierno madrileño Antonio Burgueño y el director de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón. Reyero (que militaba en Ciudadanos) ejerció como consejero de Políticas Sociales en los primeros meses de la pandemia (entre agosto de 2019 y octubre de 2020) y dijo en 2020 que los protocolos no eran éticos ni eran legales, tesis que luego ha reiterado en numerosas entrevistas e incluso en un libro publicado en 2022.
Muertes en las residencias
Antonio Burgueño fue nombrado, en la segunda semana de marzo de 2020, asesor principal del Ejecutivo de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y fue el encargado de elaborar el plan de choque contra la covid, que incluía la medicalización de las residencias. Y Juan Abarca Cidón es el presidente de uno de los principales grupos hospitalarios de la Comunidad de Madrid.
En este mismo procedimiento judicial han sido imputados el director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Carlos Mur; y el geriatra Francisco Javier Martínez Peromingo, ya investigados en otra causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos desde las residencias a los hospitales.
La investigación del Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por familiares de residentes y en ella también están investigados el entonces director del Summa 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, cuyas declaraciones están previstas para el 17 de junio.