UPN ha pedido este miércoles una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra sobre la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate y ha planteado que se habiliten los meses de julio y agosto para que se puedan llevar a cabo estos trabajos.
Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, después de que agentes de la UCO de la Guardia Civil registraran este martes por la tarde en Pamplona la sede de una de las empresas que resultó adjudicataria, dentro de una UTE, de estas obras.
La presidenta de la formación regionalista ha señalado que "parece evidente que esta investigación se deriva de la denuncia que en septiembre de 2024 interpuso UPN por la sospecha de ilegalidades en la adjudicación de la obra". Así, ha puesto en valor la "valentía y responsabilidad" de su partido al denunciar esta adjudicación y ha asegurado que "llegaremos a la verdad de lo sucedido".
Ibarrola ha advertido de la "gravedad de lo ocurrido" y ha pedido la "comparecencia urgente" de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, para que dé explicaciones "como máxima responsable de la mayor adjudicación de obra pública de los últimos diez años".
La presidenta de UPN ha exigido "explicaciones políticas urgentes" y ha censurado que, "hasta ahora", tanto el Gobierno de Navarra como los grupos que lo conforman y apoyan, "han bloqueado reiteradamente la investigación de lo ocurrido ante una adjudicación que está bajo sospecha". Así, ha señalado que en 2024 "votaron en contra" de pedir la comparecencia del presidente y el secretario de la mesa de contratación. También contra una moción de UPN para que el expediente de esta adjudicación fuera revisada por la Junta de Contratación Pública.
"Nos han puesto todo tipo de obstáculos para acceder a la documentación y ocultaron parte de los correos electrónicos que existían", hasta que el secretario de la mesa de contratación "lo reveló", ha destacado.
Ibarrola se ha preguntado si "dados los hechos", la presidenta Chivite "sigue convencida de todo lo que ha afirmado, acusando a UPN de insidias" y asegurando que "todo ha sido legal y transparente" y que "no hay caso Belate". "Imagino que hoy no tiene dudas: el informe de la UCO existe y está en la mesa del juez del Tribunal Supremo", ha remarcado.
Al respecto, ha resaltado que el Gobierno de Navarra ha mantenido "diez reuniones" con el dueño de la empresa registrada este martes, "cuatro de ellas" con la presidenta María Chivite "a solas". Por ello, ha insistido en que es "urgente" que "dé explicaciones a la sociedad navarra y con la absoluta transparencia que hasta ahora no ha existido".
Para la presidenta de UPN, "hay cosas que parecen impensables" en la adjudicación de estas obras. "Valorada toda la documentación del expediente puedo afirmar que ni yo ni nadie de UPN hubiera adjudicado estas obras en estas condiciones", ha afirmado. Así, ha señalado que "no se guardó la confidencialidad de la mesa de contratación", el presidente de la mesa "sabía perfectamente antes de emitir su valoración las del resto y la suya cambió la adjudicación a otra empresa".
Por todo ello, ha instado a "investigar hasta el final y que se sepa toda la verdad". "No es normal que haya una obra con tanta sospecha y parece increíble pensar que no había nada detrás y se siga en una obra con tres técnicos que dicen que lo hagas de otra manera", ha concluido.
TAMBIÉN EL PPN
El Partido Popular de Navarra ha pedido la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate después de que la UCO de la Guardia Civil registrase este martes la sede de una de las empresas adjudicatarias.
En un comunicado, el presidente del PPN, Javier García, ha advertido de que "los hechos conocidos y que implicarían al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la adjudicación de estas obras, son de una enorme gravedad".
García ha afirmado que "durante estos días la UCO de la Guardia Civil ha llevado a cabo registros relacionados con la adjudicación de esta obra, valorada en 76 millones de euros, se han revelado vínculos personales y políticos entre el empresario beneficiado y figuras como Koldo García y el propio Santos Cerdán, y existen mensajes, encuentros y movimientos sospechosos que apuntan a un posible uso indebido de influencias para favorecer a determinadas empresas".
"Todo esto no puede ni debe pasar desapercibido. No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de hechos investigados por la justicia, que afectan directamente a la gestión de recursos públicos y a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", ha remarcado.
García ha defendido que "ha llegado el momento de actuar con firmeza y responsabilidad", motivo por el que su partido ha registrado en el Parlamento de Navarra la solicitud formal para la creación de una comisión de investigación con el objetivo de "esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y garantizar la transparencia en la gestión pública". "No se trata de una caza de brujas, sino de un ejercicio democrático de control y rendición de cuentas", ha asegurado.
En este sentido, ha invitado a todos los grupos parlamentarios a sumarse a esta iniciativa. "Salvo aquellos que decidan mirar hacia otro lado, tienen la oportunidad de demostrar que están del lado de la verdad y de los ciudadanos", ha destacado.
"Navarra no puede permitirse volver a épocas de opacidad y escándalos como los de Otano o Urralburu. Hoy más que nunca necesitamos instituciones limpias, responsables y comprometidas con el bien común", ha reivindicado.