Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han abandonado sobre las 00.00 horas de esta noche la sede de la constructora Servinabar en Pamplona, investigada por supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de un túnel en Navarra, tras un registro que se ha prologando durante seis horas, desde las 18:00 horas de este martes.
Varios agentes han abandonado la sede con dos cajas de cartón precintadas con cinta de la Guardia Civil y varias bolsas y se han introducido en un coche que les esperaba en la entrada a la Plaza del Castillo, a escasos metros del portal número 1 de la calle San Nicolás, donde se encuentra la constructora Servinabar.
Los agentes accedieron sobre las 18:00 horas a las oficinas de la empresa, de la que es propietario Antxon Alonso y que saltó al debate político después de que el gobierno foral le adjudicara las obras para duplicar el túnel de Belate, como parte de una unión temporal de empresas (UTE).
UPN presentó una denuncia por supuestas irregularidades
Unión del Pueblo Navarro presentó una denuncia por supuestas irregularidades en esa adjudicación sobre la que además preguntó, junto al PP, a la presidenta foral, María Chivite, en el Parlamento de Navarra. En el pleno del pasado 29 de mayo, el portavoz de UPN, Javier Esparza, insistió en la existencia de irregularidades, acusó al Gobierno foral de "intentar taparlo todo" y afirmó que "gracias a la perseverancia de UPN, la Guardia Civil está investigando" ese caso.
Esparza mencionó a Servinabar, "una empresa de Antxon Alonso, amigo de Cerdán, que patrocina a Koldo. ¿Quién le presentó al señor Antxon Alonso? Ningún gobierno hubiera adjudicado en este contexto". Chivite aseguró que su Gobierno respetaba el proceder de la mesa de contratación en ese caso y recordó que la Cámara de Comptos "no detectó responsabilidad contable ni de otra índole y así lo manifestó".
El registro de la constructora se produce en el mismo día en que la UCO ha registrado la casa de José Luis Ábalos en Valencia ante los indicios de que pudiera haber participado, como ministro de Transportes, en presuntas adjudicaciones irregulares "a cambio de un precio o compensación económica".