Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera del Gobierno y titular de Vivienda, ha defendido este miércoles la legalidad del blindaje permanente de la vivienda protegida de alquiler y ha rechazado que la iniciativa incurra en problemas legales, como los que conllevaría la retroactividad. “La descalificación futura no es un derecho adquirido, sino una expectativa que el legislador puede modificar” y “no es un supuesto de retroactividad”, ha afirmado Alfaro, que ha subrayado además que la medida cuenta con informes jurídicos “solventes” y que respeta el artículo 9.3 de la Constitución.
Alfaro ha dicho que el Gobierno de Navarra ha emitido informe favorable para blindar de forma permanente la vivienda protegida de alquiler, una medida que ha definido como “muy importante”, “meditada” y “muy estudiada desde el punto de vista jurídico”.
Hay 2.300 familias amenazadas por la caducidad de la VPO de alquiler
La responsable de Vivienda ha defendido la necesidad de la iniciativa al considerar que “no podemos permitir que la vivienda protegida construida con dinero de todos los navarros acabe en manos de fondos de inversión especulativos”. Según ha señalado, existen “2.300 familias amenazadas por políticas heredadas de gobiernos de derechas”.
En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo va a “defender lo público” y a situar “la función social de la vivienda” en el centro de sus políticas, con el objetivo de proteger a las familias navarras en situación de vulnerabilidad.
Alfaro ha reconocido que parte del debate se ha centrado en la seguridad jurídica de la medida, aunque ha insistido en que se trata de una actuación “totalmente necesaria”. Para sostener esta posición, ha recalcado que la propuesta dispone de informes jurídicos solventes.
La vicepresidenta ha explicado que uno de los aspectos clave es que la descalificación futura de las viviendas protegidas “no es un derecho adquirido”, sino una expectativa susceptible de ser modificada por el legislador. Asimismo, ha rechazado que exista retroactividad, al considerar que la norma “regula solo efectos futuros” y que las viviendas afectadas “a día de hoy son protegidas”, por lo que no hay retroactividad.
Por último, ha defendido un cambio de percepción social sobre esta materia y ha afirmado que “cada vez cala más que la vivienda es un derecho, no un negocio”.
