Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado de manera anticipada el pasaporte al juez instructor Juan Carlos Peinado, que la había citado para que lo hiciera este miércoles por la tarde. Peinado impuso a Gómez y Álvarez esta medida cautelar, que ya ha sido cumplimentada por la asesora, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas este martes. El juez acordó llamarlas a través de una providencia para este miércoles a las 18.00 horas para que entregaran sus pasaportes.
Las medidas cautelares, que además de la retirada del pasaporte incluyen la prohibición de salir del Estado y la obligación de firmar cada 15 días en sede judicial, se mantendrán "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme", según indicó el juez en el auto con el que envió a juicio con jurado popular a Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Peinado tomó esa decisión después de la audiencia preliminar celebrada la semana pasada en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Las acusaciones populares lideradas por la organización Hazte Oír, que pide 24 años de cárcel para Gómez, 22 para su asesora y seis para Barrabés, reclamaron la retirada del pasaporte.
Restricciones fronterizas
El instructor decidió en el auto de apertura de juicio "la retirada de cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo".
A la vez, impuso "la prohibición de salida del territorio nacional, debiendo oficiarse a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación". También determinó "la presentación 'apud acta', en la sede de este órgano judicial, dos días al mes", pudiendo cumplir con dicha obligación un día cada dos semanas. Peinado atribuye a Gómez y Álvarez presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
