Sanfermines 78 Gogoan y Martxoak 3 Elkartea, Asociación Víctimas 3 de marzo, de Vitoria-Gasteiz, han presentado esta mañana en Pamplona una iniciativa conjunta para que el Estado reconozca su responsabilidad en los crímenes acaecidos en marzo de 1976 en Gasteiz y en julio de 1978 en Iruña, pero también a asesinados en esa dinámica represiva en Tarragona, Basauri y Donostia en 1976 y 1978.

“Cualquier Gobierno que se precie de administrar un Estado verdaderamente democrático, no puede pasar por alto ninguna agresión a los derechos humanos que puedan cometer sus aparatos represivos. Se cumplen 50 años de la muerte de Franco. El dictador murió hace medio siglo, pero el franquismo no murió, dejó todo “atado y bien atado” y la violencia de Estado se continuó practicando sistemáticamente con total impunidad. Somos víctimas y testigos de ese franquismo sin Franco”, denuncian ambos colectivos.

Califican los crímenes perpetrados en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 y en los Sanfermines de 1978 en Pamplona-Iruña como "dos grandes heridas abiertas en Euskal Herria. Son la punta del iceberg de una estrategia represiva que torturó y asesinó a cientos de personas, después del 20 de noviembre de 1975”. Ambos colectivos denuncian “el insoportable modelo de impunidad español" y reivindican la tríada "verdad, justicia y reparación" además de "garantías de no repetición" para "todas las víctimas de la violencia de Estado”.

Desde la ley de Memoria Democrática

Ahora estos colectivos se unen “para exigir respuestas al Estado”. Esta iniciativa incluye acogerse a los mecanismos de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, la cual, recuerdan, “reconoce el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron la represión”. Así, han tramitado simultáneamente 39 solicitudes para obtener este reconocimiento, "entre ellas las correspondientes a los asesinados en Gasteiz, Tarragona, Basauri, Pamplona y Donostia", mediante dicho procedimiento acompañado “de la exigencia de reconocimiento oficial de la responsabilidad principal y directa del Estado en estos crímenes”.

Estas asociaciones recuerdan que la Ley de Memoria Democrática, que aborda lo ocurrido entre 1936 y diciembre de 1978, en el apartado 2 de su artículo 2 habla de que “los poderes públicos interpretarán la presente Ley de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por España, sin perjuicio de su aplicación directa cuando correspondiera”.

A su juicio, “resulta obligado reclamar al Estado español el reconocimiento de su responsabilidad principal y directa en la realización de estos crímenes. Por lo tanto, llaman "al Gobierno de España y a su presidente para que realicen al más alto nivel una declaración oficial en esos términos y que incluya un compromiso real para culminar la modificación de la todavía vigente Ley franquista de Secretos Oficiales”. Según dichos colectivos, “este paso a dar sería imprescindible, pero no definitivo, pues quedan pendientes cuestiones muy importantes como es el acceso real a la Justicia, así como lograr un trato igualitario y sin discriminación alguna, a todos los niveles, para todas las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, cuestión ésta que a día de hoy no se da en el Estado español”.

Preguntado por el momento en que se presenta esta iniciativa, Andoni Txasko, una de las víctimas en los sucesos de Vitoria, miembro del colectivo Martxoak 3, considera que hay documentación y "acreditación suficiente como para considerar aquellos hechos delitos de lesa humanidad que ni prescriben ni pueden ser amnistiados". "Creemos que ahora es el momento, porque hay mucha casuística de personas que no están siendo reconocidas y se nos está negando todo el derecho a la justicia. Es imposible abrir causas judiciales, por lo menos vamos a buscar este resquicio con esa declaración de reconocimiento y reparación y así tener un documento fiableen el cual se reconozca la injusticia de aquello y la responsabilidad del Estado al mando de las fuerzas represivas". Una estrategia que no excluye la voluntad de estos colectivas de enjuiciar a sus "responsables tanto políticos como materiales". Txasko también ha destacado que entre las 39 solicitudes hechas hasta el momento han logrado que "las familias de los 9 asesinados (entre Gasteiz, Tarragona, Basauri, Pamplona y Donostia) están integradas dentro de las solicitudes".

SOLICITANTES DE LA DECLARACIÓN DE REPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO PERSONAL DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA POR PARTE DE AFECTADOS O FAMILIARES EN LOS SANFERMINES DE 1978

1 Germán Rodríguez Sáiz. Muerte por disparos en alrededores de la plaza de toros el 8 julio.

2 Joseba Barandiarán Urkola. Muerte por disparos el 11 de julio en acto solidario, Donosti

3 Ramón Vélez de Mendizabal García de Iturrospe. Herido de bala en plaza toros el 8 de julio.

4 Josu Sarasate Erdozain. Herido por pelotazo y bote de humo en la plaza de toros el 8 de julio.

5 Mikel Legorburu Arzamendi. Contusión ocular por pelotazo con grave pérdida de visión el 8 de julio.

6 José Miguel Fernández Díaz. Herido de bala en plaza toros el 8 de julio.

7 Rafael Beunza Jabat. Contusión ocular por pelotazo con grave pérdida de visión el 8 de julio.

8 Fermín Ilundain El Busto. Herido de bala en alrededores de la plaza de toros el 8 de julio.

SOLICITANTES PROVISIONALES DE REPARACIÓN Y REPARACIÓN POR PARTE DE AFECTADOS O FAMILIARES DEL 3 DE MARZO DE 1976

1 José Castillo García. Muerte por disparos 3 de marzo 1976

2 Andoni Txasko Díaz. Herido- Traumatismo ocular (Gran invalidez)

3 Imanol Olabarria Bengoa. Cárcel Por Sedición en Carabanchel

4 Consuelo Lastra Fernández. Herida de bala

5 Santiago Durán Fernández. Herido-Intoxicación gases- Retiene minusvalía

6 Agustín Maria Plaza Fernández. Herido-traumatismo ocular

7 Iñaki Martín Etxazarra. Cárcel - Nanclares

8 José Ignacio Plazaola Sánchez. Herido de bala

9 Francisco Javier Manzanos Bañuelos. Herido de bala

10 Alberto Olalde Azkorreta. Herido de bala

11 Vicente Antón Ferrero. Muerte en acto solidario en- Basauri, 8 marzo 1976

12 Juan Gabriel Rodrigo Knafo. Muerte- en acto solidario en Tarragona 6 marzo 1976

13 Francisco Aznar Clemente. Muerte por disparos 3 de marzo 1976

14 Norberto Mujica Díaz. Herido de bala

15 Julián Ocejo Diez. Herido de bala

16 Marcelino Santamaría Blas. Herido de bala

17 Luis María Sáez de Ibarra Atauri. Herido de bala

18 Francisco Justel Pernia. Herido- Traumatismo craneoencefálico

19 Cristóbal Treviño García. Herido de bala

20 Guillermo González Prieto. Herido de bala

21 Joseba Marijuán Tejedor. Consejo Guerra

22 Romualdo Barroso Chaparro. Muerte por disparos 3 de marzo 1976

23 Josu Ormaetxea Antepara. Herido de bala

24 Teodoro Vadillo López. Herido- Contusión ocular

25 Pedro Maria Martízez Ocio. Muerte por disparos 3 de marzo 1976

26 Bienvenido Pereda Moral. Muerte por disparos 3 de marzo 1976

27 Julio Jesús Ruiz Garrido. Herido de bala

28 Luis Lobera Palomar. Herido de bala

29 Jesús Fernández Naves. Cárcel Por Sedición en Carabanchel

30 Félix Alvarado Herran. Herido de bala

31 Alberto Lahidalga Pastor. Cárcel en Nanclares

Qué dice la ley

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. La presente ley tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida ésta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

2. Asimismo, es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, así como promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.

3. Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática.