El Supremo confirma la sanción por desobediencia a la fiscal que investigó el despacho de Cristóbal Montoro

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sanción de 1.000 euros de multa por falta grave a la fiscal de Anticorrupción Carmen García Cerdá por desobedecer las órdenes del fiscal jefe Alejandro Luzón en el curso de la investigación en torno al despacho Equipo Económico, vinculado al exministroCristóbal Montoro.

La Sala de lo Penal ha rechazado el recurso contra el expediente que le abrió la Inspección de la Fiscalía General a esta fiscal, encargada de causas como el caso Púnica, en la que también ha tenido grandes desencuentros con Luzón, que fue quien denunció la maniobra "torticera" de su subordinada en la citada causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona.

Luzón promovió la apertura de este expediente al conocer que García Cerdá había intentado mediante un "subterfugio" que el juez acordara una diligencia que el fiscal jefe anticorrupción y su teniente fiscal Antonio Romeral le indicaron que no cabía practicar en la causa relativa al despacho Equipo Económico.

La fiscal quería investigar un presunto delito de revelación de secretos en unos correos electrónicos de los que se desprendería que se habría hecho un uso de datos de Hacienda para perjudicar a algún político y periodista.

Ante la oposición de Luzón y Romeral a que se practicaran esas pesquisas al considerar que esos correos carecían de relevancia penal, García Cerdá avocó el asunto a la junta de fiscales compuesta por los integrantes de Anticorrupción, y que por 19 votos a 5 dio finalmente la razón al fiscal jefe.

Trató de persuadir a un mosso para que pidiera practicar la diligencia

Pese a la decisión mayoritaria de la Junta de Fiscales, y según lo investigado por la Inspección fiscal, García Cerdá trató de persuadir a un mosso d'esquadra para que este pidiera al juez de Tarragona que practicara dicha diligencia porque a ella no se la dejaban pedir.

Un intento del que tuvo conocimiento el fiscal jefe, y que fue interpretado como una clara desobediencia a sus instrucciones en contra de los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica que rigen a este órgano, por lo que promovió la apertura de este expediente sancionador por falta grave o muy grave.

Este caso "no empaña la profesionalidad de la fiscal"

Y ahora el Supremo rechaza su recurso porque la fiscal, destinada en anticorrupción desde 2013, "conoce sobradamente su funcionamiento y desde enero del 2022 conocía la necesidad de que sus superiores visaran sus escritos dirigidos a estas diligencias previas".

Los magistrados tienen claro que la fiscal a través de una llamada al agente, "quiso eludir la negativa al visado de esta diligencia, instando al inspector a que la solicitara", cuando "existía un visado negativo de esa diligencia por parte de sus superiores jerárquicos". Ahora bien, los magistrados subrayan que este caso "no empaña la profesionalidad de la fiscal" en "su dilatada carrera profesional".