Dos inspectores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que investigaron al excomisario José Manuel Villarejo han declarado en el juicio que su entramado empresarial accedió a bases de datos policiales y notariales "muy restringidas" para sus actividades privadas de espionaje.
La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio de la pieza número 8 del caso Tándem, referida a un informe elaborado en 2015 por el grupo societario de Villarejo, Cenyt, sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano.
Este trabajo fue encargado por una mujer que pretendía usar la información obtenida en su estrategia judicial para que Gómez Zotano le restituyese unas cantidades de dinero que ella le habría entregado a cuenta en una relación inmobiliaria entre ambos sobre una vivienda de Benahavís (Málaga).
Se enfrenta a nueve años de cárcel
En esta causa el fiscal pide para Villarejo 9 años de prisión por supuestos delitos de cohecho y descubrimiento de secretos cometido por funcionario público.
Junto a él se sientan en el banquillo el exinspector jefe de la Policía Nacional Constancio Riaño, que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel, y el expolicía Antonio Bonilla, para quien el fiscal pide cuatro años y nueve meses de prisión.
En la sesión de este miércoles han comparecido los primeros testigos, entre ellos dos inspectores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encargados de la investigación.
Ambos han confirmado que Cenyt elaboró un informe sobre el patrimonio de Felipe Gómez Zotano en el que se incluyen datos como reconocimientos de deuda que tenía el empresario que solo se pudieron obtener accediendo a la base del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, restringida a personas autorizadas.
Han explicado que en virtud de un convenio entre la Dirección General de la Policía y el Notariado los policías obtienen autorización para acceder a dicha base cuando están en un proceso de investigación.
Uno de los testigos ha precisado que en primer lugar los acusados obtuvieron los datos del DNI de Felipe Gómez Zotano en un fichero policial también de uso restringido y posteriormente con ellos pidieron el informe de actividades ante notarios del empresario.
Ha recordado que Villarejo tenía desde hace bastante tiempo un acuerdo con el que era jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, por el que este le facilitaba el acceso a información policial para sus actividades de investigación privada a cambio de importantes cantidades de dinero.
El inspector ha destacado que en una conversación telefónica entre ambos cuya grabación está en la causa "hablan continuamente de pagos de dinero a cambio de información y de usar medios técnicos del complejo policial de Canillas de Madrid y de los años que les quedaba para ganar pasta", así como que se detectaron más de medio millón de euros en efectivo ingresados en una cuenta de García Castaño.
Por estos hechos también estuvo investigado Enrique García Castaño, si bien finalmente ha quedado eximido por motivos de salud.
El testigo ha explicado que Villarejo, que en la época de los hechos estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, no pidió la compatibilidad para sus actividades privadas a pesar de que el grupo Cenyt, del que era el dueño, ofrecía servicios de investigación y de inteligencia empresarial.
