El juez Juan Carlos Peinado también ha requerido los correos que se cruzó la asistente de Begoña Gómez en Moncloa con el Instituto de Empresa (IE), organismo del que depende el África Center, del que la esposa del presidente del Gobierno español fue directora.
El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid quiere que la Guardia Civil analice los correos que Cristina Álvarez se intercambió con distintos organismos y que pudieran estar relacionados con la vida profesional de Begoña Gómez.
Unas diligencias que se enmarcan en la pieza separada en la que investiga si hubo malversación de fondos públicos en el caso en el que la asesora de Gómez, pagada con fondos públicos, la asistiese en cuestiones vinculadas a su faceta privada y profesional, como la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Delitos a investigar
En el marco del procedimiento principal, en el que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida, el juez ha preguntado a las partes que informen sobre si es necesario prorrogar seis meses más la causa, que vence el próximo 16 de octubre.
Respecto a los correos entre Álvarez y el IE, el juez adopta esa decisión en una providencia fechada el 25 de septiembre, dos días después de acordar que esta parte de la causa se siguiese mediante el procedimiento del jurado, lo que implica que, de llegar a juicio, sería enjuiciada por un jurado popular.
Peinado solicita así al Instituto de Empresa que "a la mayor brevedad posible" remita al juzgado copia de los correos enviados y remitidos por Cristina Álvarez "para su posterior análisis por la UCO" de la Guardia Civil, que ya debe preparar otro informe sobre los correos que se cruzó Álvarez con la Universidad Complutense.
Diligencias
En dichos correos -unos 121 que pueden tener interés para la causa- el fiscal no ha visto indicios de delito de malversación y así lo manifestó en la vista celebrada el sábado, en la que -como las defensas- solicitó el archivo de la pieza para Begoña Gómez, su asesora y el tercer investigado, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Ninguno de los tres acudió a dicha comparecencia al considerar sus defensas, con base en una circular de la Fiscalía, que su presencia no era indispensable, pues se trataba de un trámite para concretar una imputación que ya conocían, de modo que bastaba con que fuesen sus abogados.
Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, solicitaron, en cambio, al magistrado que continuase adelante con una investigación que, afirman, se centra ya en las funciones de la asesora de Begoña Gómez y no tanto en su nombramiento. Entre las diligencias que solicitaron al magistrado figura la citación como testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien Peinado trató de investigar sin éxito.
