La Oficina Anticorrupción no encuentra irregularidades en la obra de las oficinas del Navarra Arena

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción no ha encontrado irregularidades en la adjudicación de las obras para trasladar al Navarra Arena parte de las oficinas del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ).

El organismo ha emitido un informe de 24 páginas en el que analiza punto por punto todo el expediente administrativo, que fue adjudicado a una unión temporal de empresas entre Acciona y Servinabar, alianza investigada después de que la UCO la situara en el eje de la supuesta trama de Santos Cerdán.

La oficina cree que el proceso de distribución de la puntuación fue acorde a la ley de Contratos Públicos. "Las actuaciones preparatorias del contrato, la aprobación del expediente y la publicación del anuncio de licitación respetaron lo dispuesto en la LFCP, y no se aprecia irregularidad alguna que tuviera carácter invalidante", especifica la oficina.

En cuanto a la Mesa de contratación, "la admisión de la licitadora con la correspondiente subsanación, y la solicitud de informe de valoración sobre la propuesta técnica, se ajustó a las prescripciones del artículo 61 de la LFCP y de la cláusula 11 del pliego de condiciones administrativas reguladoras de la contratación". También cumplió en lo tocante a la oferta económica, subraya la oficina, y la documentación requerida estaba en regla.

Con respecto a la adjudicación, la oficina dice que todo está en regla y que el precio final fue de 4.575.389,50 euros, 21% de IVA incluido). De ellos, 3.660.311,60 euros IVA incluido correspondían al 80% de la empresa ACCIONA CONSTRUCCIÓN S. A.; y 915.077,90 euros IVA incluido correspondían al 20% de la empresa SERVINABAR 2000, S.L.

En un momento dado, indica el informe, el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud pidió la modificación de una serie de espacios, porque había expuesto el plan a las federaciones y algunas habían propuesto algún cambio. Las peticiones fueron tenidas en cuenta y eso obligó a modificar el plan inicial de entrega de las obras, que se alargaron sin coste.

Hubo, indica la oficina, una segunda modificación de contrato por culpa de unos imprevistos, que costaron poco más de un 4% adicional, casi 200.000 euros, con informes justificativos de todos estos nuevos pasos. Esto también estuvo ajustado a derecho, como la entrega de la obra.