Los socios del Gobierno de Navarra han exigido explicaciones urgentes y la asunción de responsabilidades políticas tras conocer el informe de la Intervención General que cuestiona el sobrecoste de 8,5 millones autorizado en las obras de los túneles de Belate. Tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han reclamado claridad y decisiones por parte de la presidenta María Chivite, mientras que el PSN ha restado gravedad al asunto y la derecha ha vuelto a pedir la convocatoria de elecciones forales anticipadas. Por la tarde, los socios del Ejecutivo se reúnen para valorar la situación.
Desde EH Bildu, Laura Aznal ha subrayado “la claridad y gravedad” del informe de Intervención y ha defendido que las obras de la N-121-A son una prioridad “política y social” porque lo que está en juego es “la seguridad de las personas”. Ha afirmado que el informe “pone en duda el relato del Gobierno sobre los sobrecostes” y ha sostenido que “no se puede pagar ni un solo euro más de los reconocidos por la Intervención General”. Ha añadido que corresponde a la presidenta valorar “la gravedad de la situación”, determinar “quién debe asumir las responsabilidades” y actuar en consecuencia. Aznal también ha señalado que debe analizarse el papel de la dirección externa de la obra, que a su juicio “no ha obrado en defensa del interés público ni de las arcas forales”. EH Bildu ha solicitado una reunión urgente con la presidenta para escuchar sus explicaciones. Preguntada por si pedirán dimisiones, Aznal ha indicado que están “preocupadas” y que primero deben escuchar las explicaciones, recordando que es la presidenta quien debe determinar “sobre quién recaen las responsabilidades”.
Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha afirmado que están “muy preocupados” con la resolución de Intervención y que es “imprescindible asumir íntegramente lo que dice el informe”. Ha señalado que la disparidad entre las explicaciones del Departamento y las conclusiones de Intervención “aumenta las dudas sobre el modificado y los sobrecostes”. Ha añadido que su grupo actuará “con la máxima contundencia, pero también con la máxima cautela”, y ha respondido a UPN y PP que “en Navarra solo convoca elecciones la presidenta” y que no cuentan con Geroa Bai “para atacar a un gobierno progresista con el único fin de llegar ellos al poder”. Preguntado por dimisiones, Azcona ha defendido que deben tomarse “las medidas oportunas, técnicas y políticas”, para que esta situación no se repita, y ha señalado que habrá que determinar “el alcance de las diferencias de criterio” entre el Departamento y la Intervención General.
En representación de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha exigido “responsabilidades políticas al Gobierno de Navarra, a la presidenta Chivite”, tras conocer un informe que “cuestionaba el sobrecoste de 8,5 millones”. Ha afirmado que el sobrecoste “no está justificado en su conjunto” y ha calificado la situación de “gran gravedad”. Ha sostenido que la visión ofrecida en su día “era distinta” y que eso provoca “una evidente merma de la confianza”. Ha reclamado que el Gobierno sea “ejemplarizante, ejemplar y transparente” en la defensa del interés general. Sobre posibles ceses, ha señalado que trasladarán su posición en la reunión con los socios y que será la presidenta y el PSN quienes deban ofrecer una respuesta. Ha añadido que “es evidente que ha habido personas que han tomado decisiones” y que quienes hayan actuado contra el interés general deberán dar explicaciones, mientras que la presidenta deberá garantizar que no vuelva a ocurrir.
El PSN quita hierro al asunto
El PSN ha tratado de rebajar la gravedad de la situación. Su portavoz, Ainhoa Unzu, ha afirmado que el Gobierno ha demostrado ser “muy garantista” y actuar “con rigor y con respeto a la normativa”. Ha explicado que en un túnel “nunca sabes lo que te vas encontrando” y que eso es lo que ha ocurrido. Ha admitido que “el procedimiento administrativo puede que no haya sido el más adecuado”, pero ha defendido que ya se trabaja con la empresa para ajustar el expediente a las indicaciones de Intervención. Ha enfatizado que lo importante es que la obra continúe “sin poner en riesgo la seguridad ni la legalidad”. Unzu ha cargado contra UPN y ha afirmado que el anterior Gobierno “estuvo más de 11 años sin hacer nada” en Belate y destinó dinero a prioridades como el circuito de Los Arcos. Sobre las responsabilidades políticas, ha señalado que “la responsabilidad política es asumir que hay un problema y que tenemos que darle solución”, y que el informe supone un problema que se está intentando resolver. Ha añadido que se trata de un “choque entre opiniones” entre Intervención, la empresa y el Departamento, y que no es la primera vez que se plantean reparos suspensivos.
La derecha pide elecciones
Desde la oposición, UPN ha sido especialmente duro. Su portavoz, Javier Esparza, ha afirmado que escuchar al PSN “explicar lo inexplicable no tiene precio” y ha criticado que los socialistas intenten “echar balones fuera”. Ha acusado al PSN de “tapar la corrupción que Santos Cerdán instauró en el Gobierno de Navarra” y ha asegurado que el consejero “mintió” al justificar el modificado. Esparza ha afirmado que el sobrecoste no tiene “justificación técnica” y que el único interés era el de la UTE. Ha añadido que Chivite es “colaboradora necesaria” para desarrollar “una trama de corrupción” y que el informe revela que el consejero “mintió” para que la UTE obtuviera “más de 6 millones por encima de lo que se tiene que llevar”. También ha acusado al PSN de “reírse de Geroa Bai” y ha sostenido que lo único que podría hacer reaccionar a Chivite sería que sus socios salieran del Gobierno. “Esto va de dignidad y de limpieza en la gestión del dinero de todos”, ha señalado.
La parlamentaria del PP de Navarra, Irene Royo, ha denunciado la “degradación institucional” que, a su juicio, vive el país y ha afirmado que Navarra ha sido “la zona cero”. Ha considerado inaceptable la actitud del Gobierno, al que ha acusado de “mirar hacia otro lado” y tratar a los ciudadanos “de forma despectiva”. Ha valorado positivamente que los socios exigieran responsabilidades, aunque, en su opinión, esas exigencias “tenían que haberse producido mucho antes”. Ha reclamado que se pase de las advertencias a las actuaciones y ha asegurado que la corrupción “no admite una respuesta tibia ni ponerse de perfil”. Royo ha relacionado el caso con la política estatal y ha señalado que “la violencia abertzale ha vuelto a las calles” y que Bildu tiene poder porque “el Partido Socialista le está dando voz y poder”.
Finalmente, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha asegurado que los túneles “huelen mal” y que cada vez “huelen peor”, y ha defendido que se están aclarando “dudas más que razonables de posible corrupción”. Jiménez ha sostenido que el Gobierno está sostenido por partidos que, a su juicio, son “colaboradores necesarios de esta corrupción”, y ha acusado al Ejecutivo de “pisotear la memoria de las víctimas”.
