El Parlamento de Navarra dio ayer luz verde a dos de las quince enmiendas debatidas del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, en el marco del undécimo acuerdo presupuestario entre las fuerzas progresistas. Ambas propuestas fueron presentadas por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin –una conjunta entre las cuatro formaciones y una de los socialistas en solitario–, con un importe total de 155.000 euros, y se centran en reforzar la seguridad ciudadana y la atención en el ámbito penitenciario. Se trata del Departamento que menos partidas ha recibido en el debate de enmiendas parciales –a excepción de Economía y Hacienda, que no obtuvo ninguna–.

Se aprobó una enmienda para financiar el convenio con Salhaketa, destinada a fortalecer la oficina de atención al público y el Observatorio de la Realidad Penitenciaria, que contó con el rechazo unánime de la derecha. Por otro lado, la seguridad ciudadana de Cintruénigo se verá incrementada con la instalación, modernización y ampliación del sistema de videovigilancia del Ayuntamiento.

La derecha pide seguridad

En el turno de los grupos, Javier García (PP de Navarra) señaló que “hay una falta de coordinación entre las diferentes policías y eso está perjudicando a la ciudadanía”. El portavoz recordó que la seguridad figura entre las principales preocupaciones de los navarros, “más allá del discurso negacionista de algunos grupos”.

El socialista Ramón Alzórriz defendió que “se va a incrementar la seguridad, pero no a los niveles que pretenden las derechas, que lo que quieren en el fondo es generar un clima de inseguridad que ya no existe”.

Adolfo Araiz (EH Bildu) denunció trabas y paralizaciones en el despliegue de competencias: “El despliegue progresivo de Tráfico y Seguridad Vial hay que realizarlo, pero alguien está intentando boicotearlo. Hay unas cuantas juntas de seguridad que no se han convocado porque el Estado no quiere que se convoquen. Hay una paralización”.

Desde Geroa Bai, Javier Ollo incidió en que “no se debe rehuir el debate sobre la seguridad, porque sino quienes lo monopolizan son otras fuerzas políticas, y muchas veces trasladan una imagen que no es acorde a la realidad y generan miedo en la sociedad que no está del todo justificado”.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, valoró que “es bueno que no solo haya una visión institucional sobre una determinada área concreta, sino que también se incorpore una visión social que puede ser crítica y de denuncia. Hay que entenderlo positivamente”.

En nombre de UPN, Marta Álvarez advirtió que “destinar casi uno de cada tres euros de los navarros a financiar el coste de personal es un problema, porque eso no es reflejo de un buen funcionamiento de los servicios públicos, sino de todo lo contrario”.

Finalmente, Emilio Jiménez (Vox) apostó por “potenciar todas las policías, porque son garantes de los derechos fundamentales”.