Rebaja del IRPF, deducciones a pensionistas y cambios en Sociedades: así son las medidas fiscales de 2026

El Parlamento de Navarra no solo votaba este jueves los Presupuestos. El plano ha aprobado también el proyecto de ley de medidas fiscales para 2026, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y EH Bildu y el rechazo del PP y Vox. El texto, pactado entre las fuerzas que sostienen el Ejecutivo y EH Bildu, introduce cambios en el IRPF, el Impuesto de Sociedades y otros tributos, con el objetivo declarado de reforzar la justicia fiscal y adaptar el sistema a la realidad económica y social actual.

Entre las principales novedades figura una rebaja del IRPF para las rentas inferiores a 32.000 euros y el aumento del umbral obligatorio para declarar, que pasa de 14.500 a 17.000 euros. Según los datos facilitados por el Gobierno, estas medidas permitirán mejorar las rentas de unas 340.000 personas, el 70 % de los contribuyentes navarros, y supondrán un ahorro fiscal de casi 1.200 euros anuales para quienes ingresan en torno a 17.000 euros.

La ley también contempla un incremento de las deducciones para complementar las pensiones de viudedad y jubilación, elevando el límite hasta los 15.400 euros, así como un aumento del umbral para tributar por Estimación Directa Especial, que pasa de 200.000 a 250.000 euros.

En el ámbito empresarial, se aprueba una rebaja del Impuesto de Sociedades del 28 % al 25 % para aquellas empresas que acrediten un compromiso social y laboral. Para acceder a este tipo reducido deberán cumplir cuatro requisitos: mantenimiento del empleo, no aplicar expedientes por causas económicas, reducción de la siniestralidad laboral y cumplimiento de la normativa de igualdad.

Junto a estas modificaciones, el pleno dio luz verde a la Ley Foral del impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición a los grupos multinacionales y grandes grupos nacionales, en transposición de una directiva europea. Este tributo fija una imposición mínima efectiva del 15 % para aquellos grupos cuya cifra de negocios consolidada sea igual o superior a 750 millones de euros, y tendrá efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 31 de diciembre de 2023.

Las reacciones de los grupos

En el turno de los grupos, Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN) sostuvo que las medidas “consolidan la desnaturalización del sistema fiscal propio de Navarra” y acusó al Gobierno de utilizar la fiscalidad “como una máquina de recaudar”, con parches que, a su juicio, evidencian la renuncia a una reforma de calado.

Desde el PSN, Ainhoa Unzu defendió una ley “coherente, equilibrada y responsable”, que calificó de “buena para la mayoría social de Navarra”. Subrayó que protege a las rentas medias y bajas y que “exige más a quien más riqueza concentra”, reivindicando lo que definió como el camino de “una izquierda responsable”.

El parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, reiteró que no se trata del modelo fiscal que su grupo impulsaría con mayoría suficiente, pero defendió el diálogo y el acuerdo, destacando que la presión fiscal en Navarra es inferior a la media europea y valorando positivamente las mejoras introducidas para las rentas más bajas.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiain reivindicó la fiscalidad como un contrato social y defendió que “no es un castigo, sino una herramienta para redistribuir la riqueza y generar igualdad de oportunidades”, frente a las críticas de la derecha.

En el turno del PPN, Irene Royo reconoció algunas mejoras puntuales, pero calificó la reforma como una “oportunidad perdida” y criticó que no haya sido fruto de un diálogo real con la oposición, tras rechazarse todas sus enmiendas.

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido rechazó la idea de un “infierno fiscal” y recordó que la presión fiscal ha bajado 2,5 puntos desde 2007. No obstante, advirtió de que “con esta fiscalidad no basta” y reclamó avanzar hacia reformas más ambiciosas.

Finalmente, Emilio Jiménez (Vox) expresó su “rechazo absoluto” al proyecto, que calificó como un “nuevo atraco fiscal”, mientras que la parlamentaria no adscrita Maite Nosti votó en contra al considerar que se trata de una “redistribución selectiva de favores fiscales”.