Joseba Azkarraga (Agurain, 1950) sigue con 75 años manteniendo el pulso comunicativo como portavoz de Sare Herritarra, entidad que hace balance al cierre de 2025 de la situación de los presos del EPPK.
En dos años, se ha pasado de 142 a 195 presos del EPPK. La evolución es notoria, y en 15 años tremenda.
–Habría que matizar, si no da la impresión de que todo esto es como Jauja. Han pasado 15 años desde el final práctico de la actividad de ETA. Muchos presos y presas han ido saliendo con el cumplimiento íntegro de la condena. Es cierto que en los últimos tres años, fundamentalmente, desde que la Administración penitenciaria vasca asumió la competencia de prisiones, ha habido un cambio de actitud. Hasta entonces, el primer grado penitenciario se estaba aplicando prácticamente a la totalidad de los presos y presas de esta motivación, desde el primer día de condena hasta el último. Pero con la competencia penitenciaria vasca, ha habido una aplicación de las progresiones de grado, y un número importante de presos y presas estén ya cumpliendo su condena en régimen abierto en tercer grado, que salen por la mañana y vuelven a la noche, y durante el día hacen trabajo de voluntariado o en empresas de manera remunerada.
En resumen...
–Ha habido un cambio sustancial, y no lo podemos negar. El problema está cuando nos fijamos en cada preso y presa, sobre todo de los que quedan sin poder salir ni a trabajar durante el día y mucho menos estar en tercer grado. Si han cumplido el tiempo que la ley les marca para poder progresar o para salidas programadas o tener permisos penitenciarios, ¿por qué no se les aplica ese régimen? Esa la crítica que hacemos, en parte a la Administración penitenciaria vasca, y en parte también a la Audiencia Nacional. Se sigue aplicando una legislación de carácter excepcional a pesar de que llevamos 15 años en los que ETA ha desaparecido.
Hay alguna regresión también.
–Hay menos, ciertamente. Hasta hace un año cada vez que el Gobierno Vasco hacía una progresión de grado, la Fiscalía recurría. Esto ha cambiado, y en los últimos seis meses ha habido cuatro o cinco regresiones donde nuevamente se ha vuelto a solicitar la progresión. Siempre hemos defendido la labor, aunque a veces no nos guste, de los profesionales de los centros penitenciarios, que proponen una progresión de grado, con conocimiento del preso o presa. Lo que no podemos respetar es la actitud de jueces y fiscales que a 400 kilómetros de distancia recurren estas decisiones. Y ahí donde muchas veces hay mucha más carga de revancha que de justicia.
¿Cómo suele ser la reintegración con la vida fuera de la prisión?
–No es sencillo, hay muchos presos y presas que salen ya con una edad relativamente avanzada, que han cumplido hasta 30 años de privación de libertad. Hay una sociedad que está trabajando muy bien en ese ámbito que es Harrera, que se encarga de buscar soluciones.