La mayoría política en Navarra denuncia la "agresión" de EEUU contra Venezuela

Los partidos políticos navarros y los sindicatos han reaccionado de forma muy desigual al ataque militar de los Estados Unidos contra Venezuela y al secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores. Mientras la mayoría parlamentaria progresista ha denunciado de manera unánime una vulneración del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, la derecha ha avalado o relativizado la intervención estadounidense, legitimando de facto una acción militar contraria a las normas que regulan el uso de la fuerza entre Estados.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha rechazado la entrada del ejército estadounidense en Caracas y la captura del presidente venezolano, al considerar que se trata de “un acto que vulnera el derecho internacional y la soberanía de Venezuela”. En un mensaje difundido en redes sociales, Chivite ha subrayado que “que Maduro sea un autócrata no legitima saltarse las normas internacionales que limitan el uso de la fuerza entre Estados” y ha puesto en duda los argumentos esgrimidos por Washington, al apuntar que “el interés por el petróleo y los recursos energéticos tiene un peso relevante en la decisión de intervenir, más allá del discurso sobre narcotráfico o democracia”.

EH Bildu ha sido más contundente y ha denunciado “la agresión imperialista de Estados Unidos contra el pueblo soberano de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro”, así como “toda forma de injerencia e intervención externa”. 

Desde Geroa Socialverdes han rechazado "cualquier agresión contra el pueblo venezolano" y han subrayado que "el respeto al derecho internacional, a la soberanía de los pueblos y al principio de no injerencia debe ser la base de la convivencia entre los Estados".

En términos similares se ha expresado Izquierda Unida de Navarra, que ha lamentado que “la soberanía de los pueblos no se discute con misiles” y ha exigido “una reunión urgente de la ONU y la OEA” ante lo que ha calificado de ataque ilegal. Su coordinador general, Carlos Guzmán, ha condenado “con la máxima contundencia la agresión imperialista contra la República Bolivariana de Venezuela” y ha trasladado su solidaridad “con la Revolución Bolivariana y el pueblo venezolano”.

La coordinadora de Podemos en Navarra, Neniques Roldán, ha rechazado lo que ha definido como un “golpe de Estado criminal” de Estados Unidos “contra un país soberano”, y ha criticado la “seudo democracia estadounidense” por su historial de intervenciones externas. 

En la derecha, las reacciones han ido en sentido opuesto. La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha valorado la intervención como el inicio de “una nueva etapa” en Venezuela, asegurando que “se cierra una etapa oscura de dictadura y se abre el camino de un país libre”. 

Por su parte, el diputado navarro del PP, Sergio Sayas, se ha posicionado “con Venezuela y la libertad”. 

El PNV ha adoptado una posición intermedia. En una nota, el Euzkadi Buru Batzar ha expresado “su preocupación” por el ataque militar y la “ruptura unilateral de la normativa internacional” por parte de Estados Unidos, ha exigido “respeto al derecho internacional” al Ejecutivo de Trump y ha defendido “la vuelta al orden mundial multilateral”, al tiempo que ha confiado en que Venezuela pueda avanzar hacia “una transición política” democrática.

Condena sindical unánime

En el ámbito sindical, la condena ha sido unánime. ELA ha rechazado “las agresiones militares que EEUU ha perpetrado contra el pueblo soberano de Venezuela” y ha denunciado el uso de la fuerza para controlar “los recursos económicos y naturales como el petróleo”, además de llamar a movilizaciones de solidaridad. 

LAB ha manifestado su “más firme repulsa” ante un ataque que ha calificado de “grave vulneración del derecho internacional” y de “violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas”. 

En la misma línea, CCOO y UGT han condenado, en una nota conjunta, los bombardeos y el secuestro de Maduro, alertando de que el uso unilateral de la fuerza militar contra un Estado soberano supone una “grave vulneración” del derecho internacional e instando a la comunidad internacional a no permanecer en silencio.