La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha trasladado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, que gastó un total de 113.509 euros en el desarrollo del software para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva, que codirigió la mujer del presidente del Gobierno español.
En un escrito adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, la institución académica concluye que el gasto asciende a 108.765,79 euros en contratación y 4.743,53 euros en costes de personal.
La universidad, que se personó como perjudicada en la causa el pasado mes de octubre, recuerda que el magistrado le ofreció esta posibilidad y decidió ejercer “las acciones civiles que pudieran corresponderle con arreglo a la ley”, dada su condición de administración pública.
Posible apropiación indebida de dinero público
La Complutense subraya que en el procedimiento se investiga un presunto delito de apropiación indebida en relación con el software desarrollado para la cátedra codirigida por Begoña Gómez, “siendo que el desarrollo del mismo se habría sufragado con dinero de esta Administración Pública”.
Añade que, si el juzgado considerase responsable a la investigada y la resolución fuese firme, la UCM entiende procedente la determinación y acumulación de los informes que acreditan y cuantifican el montante de dinero público invertido en el proyecto.
Por ello, remite los informes emitidos por funcionarios que detallan el coste total del desarrollo de la herramienta informática.
Contratos con Deloitte y Making Science y alcance de la investigación
El escrito desglosa que los contratos administrativos suman 108.765,79 euros, incluyendo pagos a Deloitte por 18.148 euros y 60.500 euros, y a Making Science por 24.200 euros. A ello se añaden 4.743,53 euros en costes de personal.
El juez Peinado mantiene investigadas a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. La causa analiza si la mujer del presidente del Gobierno español influyó a favor de las empresas de Barrabés, adjudicatarias de contratos públicos, así como su papel en la cátedra de la Complutense y si utilizó a su asesora para actividades de carácter privado.
