En apenas un mes han salido a la luz un par de situaciones críticas que cuestionan en Navarra la gestión y la prestación de servicios en la Jefatura Provincial de Tráfico. Por un lado, la falta de examinadores para el permiso de conducir. Más de 5.000 ciudadanos forman una larga lista de espera que acumula cada vez más retrasos y más perjuicios a los afectados. Por otro, la denuncia de las empresas navarras de transporte por carretera ante las dificultades y la tardanza para obtener la matriculación de los camiones que se suman a las flotas. En ambos casos, la base principal de la problemática reside en la falta de personal en la Jefatura de Tráfico.

Supongo que las razones serán variadas y ajenas al trabajo de los funcionarios que prestan el servicio en la actualidad, pero que son insuficientes parece más que claro. O por falta de oposiciones, o porque los salarios quizá son insuficientes para el nivel de vida actual de Navarra y eso fuerza su lección por otras plazas o porque una parte de quienes obtienen el puesto son de otras zonas del Estado y buscan las oportunidades de acercarse mediante traslados a sus comunidades y ciudades de origen y familia. Ocurre igual en el ámbito educativo o sanitario foral, incluidos quienes son de la misma Navarra, que tienden a trasladarse cuando tienen oportunidad de zonas rurales o pueblos a Iruña o a las principales localidades de la comunidad. Quizá sea un buen momento para que, a la vez que se cierra de una vez el traspaso de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Policía Foral, se pueda negociar también con el Gobierno de Sánchez el traspaso de los servicios generales de Tráfico y de sus funcionarios a la Administración foral.

La CAV tiene este tema, por razones similares, en el paquete de nuevas transferencias que está negociando con el Estado y Navarra ya ha asumido antes a los funcionarios del Estado de otros ámbitos como Justicia o Prisiones. La burocracia administrativa es ya de por sí un incordio generalizado para las empresas y los ciudadanos, pero si además es simplemente imposible de superar es un desastre absoluto que fomenta el malestar y el hartazgo. Es cierto que al centralismo que siempre hierve en España y que tiene al autogobierno foral de Navarra como un objetivo prioritario le produce dolores de cabeza todo traspaso de competencias aunque estén pactadas décadas atrás. Pero el autogobierno foral, más allá de su valor político y jurídico para Navarra, se sustenta también en su utilidad para garantizar la redistribución de la riqueza como garantía de desarrollo social, económico y cultural, para impulsar los derechos ciudadanos y también para asegurar a la sociedad navarra una atención y funcionamiento lo más eficaces posible de sus servicios públicos. En definitiva, un instrumento para buscar soluciones a los problemas en la sociedad navarra. Como es el caso.