Igor Goñi Urtasun, uno de los jóvenes afectados por la cancelación del vuelo desde Irlanda hasta Pamplona, que en aquel entonces tenía 16 años, sabía desde el mismo momento en que llegó al aeropuerto que no iban a salir en el día. Aunque la aerolínea tampoco les explicó el motivo y, de hecho, casi dos años después, tanto las familias como los 170 afectados siguen desconociéndolo. En su caso, como ya tenía una edad “con la que poder manejarse bien en los aeropuertos porque ha tenido la suerte de estar en bastantes”, cuenta su madre, Edurne Urtasun, disponía de una tarjeta con la que poder pagar todo cuanto necesitara y trataba de averiguar qué estaba ocurriendo. “Nosotros estábamos tranquilos porque él nos decía que no pasaba nada, pero si llega a tener 9 años, me cojo el primer vuelo hasta allí para que no estuviera con la incertidumbre y sin su familia”, expresa la madre.

Y después de 24 horas, en las que muchos de los estudiantes pasaron por un momento incómodo “de zozobra e incertidumbre”, pudieron llegar a Pamplona. Y empezaron a darse otro tipo de problemáticas, como quienes tenían programado un viaje y tuvieron que cancelarlo para recoger a sus hijos e hijas en esta nueva programación de la llegada o muchos padres que tuvieron que salirse antes de sus respectivos trabajos. “En nuestro caso, no hubo mayor problema porque somos de aquí y vivimos en Villava/Atarrabia. Pero luego empezó una odisea bastante seria”, expresa Edurne.

"Una odisea bastante seria"

Trató de ponerse en contacto con la compañía aérea en más de una ocasión, rellenó y realizó todos los trámites burocráticos, pero siempre le respondían “con problemas, en inglés y no me aclaraba mucho”. Ante esta situación, decidió comunicarse con Eirlan S.L. para hacerles conocedores de que había un bufete de abogados –Erreklamatu– especialista en reclamar vuelos retrasados o cancelados. “Y aquí se empezaron a solucionar las cosas. Hubo familias que aceptaron los 100 euros que nos ofrecían, pero de esta manera no se podía seguir con la reclamación y nosotros preferimos continuar” porque les parecía injusto que tanto su hijo como otros muchos más tuvieran que “malcomer, malcenar y maldormir en el suelo” sin que nadie les proporcionara una solución y, encima, sin que les dieran explicaciones.

En ese sentido, aunque hayan sido indemnizados por los daños morales, que ella considera una cuantía “irrisoria” teniendo en cuenta que sus hijos no durmieron y que ellos estuvieron preocupados por los menores, Edurne denuncia la gravedad de lo ocurrido: “No entiendo cómo hay 170 menores tirados en un aeropuerto y que no sea prioritario encontrarles una solución”, reclama. Porque los responsables hicieron lo que pudieron con un margen de maniobra muy limitado y todavía consiguieron llevar a los estudiantes hasta un lugar donde poder estar juntos hasta el día siguiente. En ese sentido, la madre de Igor opina que hay que encontrar la manera –ya sea de manera institucional o judicial– para que los menores estén protegidos cuando se produzcan este tipo de situaciones. “Creo que si un niño o niña no puede volver a su hogar por la razón que sea, hay que intentar por todos los medios que la gestión sea más inmediata para que vuelvan lo antes posible. Porque no saben cómo estaban esos menores, si tenían miedo, ansiedad, si estaban agobiados... Y la infancia hay que protegerla”, concluye.