La jueza de la dana pide a la SGISE que identifique a los bomberos forestales que vigilaron el Magro en Carlet y el Poyo

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) que remita un informe con la identificación personal de cada uno de los bomberos forestales que, a instancia del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, realizaron funciones de seguimiento y vigilancia del río Magro el 29 de octubre de 2024 en el área del puente de Carlet (bomberos forestales de la Unidad de Alzira), y el Barranco del Poyo, en las áreas de Torrent-Picanya-Paiporta (Unidad de Bomberos Forestales de Buñol).

Así consta en una providencia de la jueza, de este viernes, en la que adopta esta decisión tras un informe recibido del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, del pasado martes, en el que se indica que este consorcio "tiene encomendada la gestión operativa de los recursos del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana" y es el responsable de gestionar la operatividad de las unidades de forma diaria, "en función de la información que se proporciona" desde su entidad gestora, la SGISE.

Un plazo de tres días

De acuerdo con el informe del Consorcio, "la gestión de dicho personal y, por lo tanto, el histórico de datos de los componentes que integran cada una de las unidades cada día" no obra en su poder, por lo que es necesario dirigir la petición a la SGISE. La jueza que investiga lo sucedido ese día da a la entidad un plazo de tres días para presentar ese informe, según la providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Agentes fluviales

El Consorcio respondió así a una petición de la jueza que el pasado 8 de enero le había solicitado esa información. La magistrada también requirió a la Confederación Hidrográfica del Júcar que identificara los agentes fluviales que el 29-O realizaron las labores de control y vigilancia propias de sus funciones en la demarcación coincidente con la provincia.   

Por otro lado, y en una providencia del miércoles, la jueza, ante una petición de la representación de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y otras partes personadas, ha pedido a la SGISE que aporte a la causa, también en un plazo de tres días, una serie de documentación en relación al Consejo de Administración de esa entidad celebrado el mismo día de la dana. En concreto, la convocatoria de Consejo de Administración, con indicación de las personas convocadas y el mecanismo por el que se comunicó; el orden del día y el acta de la sesión.