ERC lleva ante el comisario europeo de Derechos Humanos el desalojo del B9 de Badalona
La actuación se produjo a instancias del Ayuntamiento de Badalona, dirigido por Xavier García Albiol
La senadora de ERC Laura Castel ha entregado al comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea, Michael O'Flaherty, un informe sobre el desalojo del instituto B9 de Badalona (Barcelona) en el que se denuncia un "trato deshumanizador" hacia los antiguos residentes.
El pasado 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron el antiguo instituto por orden de un juzgado de Barcelona atendiendo a la petición del Ayuntamiento de Badalona, liderado por el popular Xavier García Albiol. El edificio estaba ocupado desde 2023 y, en el momento de la actuación, albergaba a unos 200 inmigrantes.
Según explica la sección local de ERC de Badalona en un comunicado, su intención es que las instituciones europeas valoren si los hechos descritos en el informe "son compatibles con los estándares de derechos humanos" vigentes en la Unión Europea, especialmente los relativos a la vivienda, a la protección ante tratos degradantes y al principio de no discriminación.
La Fiscalía investiga a Albiol por el desalojo de 400 sin techo del instituto B9 de Badalona
Informe de ERC
El informe de los republicanos documenta situaciones vividas entre 2023 y 2026, con especial énfasis en "el desalojo de decenas de personas en situación de extrema vulnerabilidad y las consecuencias sociales y humanitarias que se derivaron de ello", una operación que se ejecutó "sin alternativa habitacional efectiva" y con un "trato deshumanizador" hacia los antiguos residentes.
Además, considera que el caso del B9 "no es un hecho puntual", sino el resultado de una gestión del gobierno municipal encabezado por García Albiol, del PPC, "que ha priorizado el orden público y la confrontación por encima de un enfoque basado en derechos".
El comunicado asegura que O'Flaherty se mostró "muy receptivo" a la queja formulada, "ya que el eje de su mandato son las personas que tienen pocos altavoces" en las instituciones comunitarias, "como las personas migrantes o los colectivos vulnerables". "Este informe sitúa un caso grave que no puede quedar en el ámbito local porque interpela directamente a los valores europeos de dignidad, no discriminación y protección de los derechos humanos", zanja el comunicado en palabras de Castel, que cree que las instituciones europeas "no pueden mirar hacia otro lado".
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